La CIG emplazará a la Fiscalía de Pontevedra a investigar presuntas falsificaciones en las sanciones que están recibiendo los sindicalistas y trabajadores no afiliados durante su participación en movilizaciones, véase huelgas, piquetes, concentraciones o protestas por convenios sectoriales.
La solicitud parte después de detectar firmas «falsas ou ficticias» de agentes de la Policía Nacional en una denuncia interpuesta al sindicalista Xabier Aboi por una concentración pacífica celebrada en 2012 en una sucursal bancaria. Dicha multa, que ascendía a 1.200 euros, fue retirada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo tras advertir varias «irregularidades» en los análisis practicados por un perito caligráfico del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Este no pudo descartar que se tratase de firmas «ficticias» realizadas por una tercera persona, lo que motivó la anulación de la sanción.
El sindicato descubrió la falsedad documental «por casualidade», por lo que ha decidido presentar una denuncia ante Fiscalía para que esta «actúe de oficio neste caso e investigue se hai supostos similares», manifestó ayer el propio Aboi. Solo en el último año, el sindicato ha recibido 40 sanciones administrativas que llegan hasta los 2.000 euros y que fueron recurridas en su mayoría, dando lugar a la anulación de una parte y a la reducción de la cuantía en otros casos.
«Persecución»
El requerimiento judicial irá parejo de una solicitud de entrevista con responsables de la Fiscalía a los que solicitarán el cese de la «persecución» de la actividad sindical. El secretario comarcal de la CIG, Marcos Conde, ya ha hecho una primera llamada para forzar el cara a cara y abordar el incremento de sanciones entre los sindicalistas y trabajadores que acuden a los actos de protesta, sobre todo las denuncias que contemplan penas de cárcel y que, según los sindicatos, afectan en la actualidad a unas cien personas de todo el país.
Con esto el sindicato quiere ir un paso más allá de la concentración que celebrarán mañana todos los sindicatos ante la Audiencia Provincial contra la «criminalización» de los «discrepantes» a través de sentencias contundentes. La Fiscalía juega, en opinión del sindicato, un papel clave y es responsable de veredictos como el que acaba de condenar a tres años y un día de prisión a Tamara Vidal y Ana María González, dos pontevedresas identificadas en una huelga. Su postura es compartida por otras centrales sindicales, que acusan al Gobierno de utilizar la vía judicial para aminorar el peso de las protestas.
