La reciente dimisión de parte de la Junta Rectora de la Comunidad de Montes de Marcón (vicepresidenta, tesorero y cuatro vocales), que el pasado domingo denunciaron falta de transparencia en las actuaciones del presidente de la entidad durante la celebración de una asamblea, tendrá sus efectos más inmediatos en la revisión de las cuentas de la institución. Así lo confirmó este lunes el presidente de los comuneros, Óscar Coto, que avanzó que próximamente se realizará una auditoría interna para aclarar los ''desfases'' detectados en las arcas de la Comunidad de Montes.
En caso de que el examen de las facturas, de los movimientos de las cuentas bancarias y de los libros contables muestren irregularidades ''graves'', se contratará a una empresa externa para que evalúe el estado financiero de la entidad. ''Nos acusaron (en referencia a los dimisionarios) de meter a mano en la caja, cuando las cuentas están ahí. Cuadradas. Hay facturas de todo. Las cuentas las lleva ya una asesoría de Pontevedra y ya fueron presentadas en Hacienda'', aseguró Coto, que desmintió la acusación de los miembros salientes de la Junta Rectora, que denunciaron que los dos ordenadores de los que dispone la institución en la casa parroquial de Marcón estaban vacíos. ''No es cierto. Sólo uno de estos ordenadores cuenta con datos sobre los comuneros. Pero no hay informes de contabilidad porque esta cuestión la lleva una asesoría. Además, todos los componentes de la Junta tienen acceso a las máquinas porque poseen las claves'', argumentó.
El presidente de la Comunidad de Montes de Marcón reconoció, por otra parte, que la entidad atraviesa por una situación de desequilibrio financiero. ''Pero no estamos en números rojos. A día de hoy hay unos 130.000 euros a plazo fijo y una cuenta corriente con unos 13.000 euros'', indicó.
Recortes
A pesar de este remanente, la institución tendrá que afrontar fuertes recortes en el presupuesto de este año, que está en fase de elaboración. El montante total dependerá en parte del resultado de la auditoría interna que se llevará a cabo en el seno de esta comunidad parroquial, que gestiona unas 250 hectáreas de monte vecinal al contado común en Pontevedra. ''No podremos superar los ingresos que tengamos este año, que estarán en torno a los 30.000 y 40.000 euros'', advirtió Coto. Los nominados ingresos, en los que se excluyen subvenciones, proceden directamente del arrendamiento de la cantera de Laxinde (A Ermida), por la que la Comunidad percibe un canon anual de más de 33.000 euros a cargo de la empresa Faro. La segunda línea de autofinanciamento tiene que ver con el alquiler del bar situado en la planta baja de la Casa de la Cultura de Marcón, por lo que percibirían una cuota mensual de unos 600 euros.
Dos de los proyectos que colocan a los comuneros de Marcón con inestabilidad financiera se refieren al cobro de dos ayudas. La primera tiene que ver con el plan de repoblación forestal Monte Vivo, que pujo en marcha el Concello de Pontevedra tras la ola de fuegos del año 2006. El proyecto inicial presentado por la Comunidad de Montes alcanzaba los 140.000 euros, aunque finalmente sólo le fue aprobada una partida por imponerte de 104.000 euros. El motivo: la exclusión de una parcela en la sierra de la Fracha donde se iban a sembrar especies arbóreas autóctonas. ''El anterior presidente (en referencia a Xosé Cuñarro) decidió no plantar en esta zona porque se trataba de uno terreno pedregoso y no sería rentable'', afirmó Óscar Coto, que asegura que, a día de hoy (por ayer) , sólo se percibió un 60% del imponerte de este proyecto: algo más de 60.000 euros. La cuantía se cobró la finales del verano de 2010, momento en el que el Ayuntamiento recibió la certificación de la nominada actuación. El 40% de la subvención restante se cobrará nos próximos años, tal y como prevé la normativa.
Coto asegura que la asesoría forestal de la Comunidad ya se puso en contacto con Gobierno local para retomar las conversas una vez se confeccione la nueva Corporación municipal. ''Esta subvención está parada. Pero la idea es que siga adelante y podamos cobrar el resto de los cartos'', puntualiza el representante de los comuneros, que reconoce también que ''la plantación de Monte Vivo se disparó finalmente a algo más de 180.000 euros (76.000 euros más del aprobado en el proyecto avalado por el Ayuntamiento)''.
Placas solares
Otra de las cuestiones que deberá resolver la Comunidad de Montes tiene que ver con un proyecto para la instalación de 160 placas solares en los lugares Pazos y Barcia que data del año 2006. El Instituto Gallego de Energética (Inega) rechazó subvencionar 90 paneles, probablemente por la ausencia de justificantes de pago, tal y como en su día advirtió la asociación vecinal de San Miguel. La ayuda tendría un imponerte de 50.000 euros. Ahora mismo, y con muchas de las placas sin instalar, los comuneros le adeudan a la empresa instaladora (MAES-Solar) 25.000 euros. ''No se le pagó por incumplimiento de contrato'', subrayó Óscar Coto, que la denegación de la subvención está recurrida por la vía administrativa a la Xunta.
El máximo representante de los comuneros reconoce también que los gastos en obras realizadas en los lugares de A Ría de Arriba, Pintos y Vilafranca (que forman parte de las 13 zonas de Marcón integradas en la Comunidad) superaron las inversiones acordadas en su día en asamblea. Los trabajos, cuyo presupuesto consiguió los 175.000 euros, consistieron en el arreglo de pistas y en la posta en marcha de un área recreativo. ''Se invirtió más dinero del que estaba acordado'', concluyó.
