La situación «catastrófica» que sufrirán los concellos por la crisis económica ha llevado a la Deputación a solicitar un crédito de 10 millones de euros para adelantar el capital que las administraciones locales percibirán a través de los tributos. «Vistos os cartos que recibirán, a Deputación fará un adianto para que poidan salvar esta situación. Será un anticipo en función dos ingresos», adelantó el presidente, Rafael Louzán.
El préstamo fue gestionado a través del Organismo Autónomo Provincial de Xestión e Recadación de Recursos Locais (ORAL) y contratado con Caixa Galicia. El acuerdo quedará plasmado próximamente por escrito, en un texto que adjudica a la Deputación el pago de los intereses correspondientes al adelanto de fondos por parte de la entidad crediticia.
Rafael Louzán anunció ayer que se trata de una nueva medida de la institución provincial para ayudar a los ayuntamientos en la lucha contra la recesión y para «adelantarse» a los efectos de una crisis que, según los cálculos del organismo provincial, dejará su huella más profunda en los presupuestos de los concellos en el año 2010. Paralelamente se trabaja en un nuevo reglamento para la caja de anticipos, que permitirá «máis flexibilidade» en la ayuda que se presta a las administraciones locales. «Fomos os primeiros en tomar en serio esta situación que estamos a vivir. Agora fixemos unhas novas bases para ir adiantando cartos ós concellos».
La estrecha relación que la institución provincial mantiene con los concellos la ha hecho conocedora de una serie de datos preocupantes. De esta información, Rafael Louzán y el vicepresidente de la Deputación José Crespo deducen que habrá administraciones locales que tendrán serios problemas para pagar las nóminas de su personal en 2009. Algunas de ellas ya se encuentran en situación de «impago» con las empresas suministradoras, circunstancia que preocupa a la institución provincial y al Partido Popular: «Non só afecta ás administracións, senón tamén ás empresas», advirtieron Louzán y Crespo en una comparecencia. «Son moitos os acredores que non poden cobrar e as consecuencias para as empresas e para os concellos poden ser traumáticas», reflexionaron ayer ambos mandatarios.
