El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, ha asegurado este miércoles que la Fiscalía vigila el cierre del asilo pontevedrés en el que residían 160 ancianos.
"La Fiscalía ha intervenido desde el primer momento", ha manifestado el fiscal jefe, quien ha afirmado que "es normal". "Nosotros tenemos ahí a numerosas personas en situación de discapacidad", ha apostillado. Desde ese punto de vista, Juan Carlos Aladro ha pedido "de forma inmediata" un informe a los servicios sociales de la Xunta. "Estamos permanentemente pendientes de lo que pasa", ha precisado.
Esto no quiere decir que se haya detectado ninguna irregularidad, sino que la Fiscalía pontevedresa esta velando "desde el primer momento" por los intereses de los ancianos en situación de desvalimiento, según ha explicado.
En concreto, el fiscal Santiago Miguel Cruces es el responsable de este cometido, que cuenta con una dilatada experiencia en estos asuntos, muy conocido en la administración por haber elaborado un Protocolo de tratamiento y cuidado de personas de la tercera edad y el Protocolo gallego de ingreso involuntario.
"La situación de indefensión no se valora sobre el criterio del traslado, nosotros tenemos que saber la situación real de cualquier incapaz que se encuentra en ese lugar, si en efecto va a existir un traslado, dónde va a ser trasladado, qué procedimiento se va a seguir con él, qué discapacidad tiene", ha detallado el fiscal jefe.
