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La Fiscalía de Pontevedra llama a declarar a Sito Miñanco y a su familia por blanqueo

PONTEVEDRA. La Fiscalía de Pontevedra sigue trabajando para recuperar, en la medida de lo posible, el capital generado por los grandes capos de la droga. Quizás el mayor narco conocido en las Rías Baixas, José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco (de quien se dice que acaba de reunirse durante unos días de permiso penitenciario que le fueron concedidos con uno de sus supuestos ‘discípulos’, Óscar Rial, ‘El Pastelero’, en O Salnés ) deberá responder a las preguntas de Jesús Calles, uno de los miembros del equipo del Ministerio Público de la ciudad del Lérez que investiga los delitos económicos que se producen en la provincia.

El juzgado de Cambados, que instruye un nuevo proceso contra José Ramón Prado Bugallo, y el citado fiscal imputan un supuesto delito de blanqueo de capitales a Miñanco, su esposa, su hija, su cuñado y uno de sus antiguos socios, a quien se llegó a considerar su brazo derecho en el negocio del narcotráfico, José Alberto Aguín Magdalena, ‘O Rubio de Aios’. Todos ellos serán llamados a declarar al edificio judicial de A Parda.

El clan al completo tendrá que presentarse allí en cuestión de semanas, si bien la presencia del capo no está asegurada: se valorará la posibilidad de que declare mediante el sistema de videoconferencia (desde el penal de Algeciras, donde se halla cumpliendo su última condena por narcotráfico), como hizo meses atrás en la última causa instruida contra él desde Pontevedra.

Los hechos que investiga el Ministerio Público Provincial subyacen de la operación ‘Suntuarias’, iniciada ya hace varios años en un trabajo coordinado entre la Agencia Tributaria, la Fiscalía Antidroga, que dirige Luis Uriarte, y la de Asuntos Económicos, que encabeza Augusto Santaló.

De ella ya han salido varias condenas importantes por blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas (la del clan vilagarciano de ‘Los Abalos’ es un ejemplo de ello), aunque la Audiencia Provincial de Pontevedra manejó diferentes criterios al respecto en unos y otros procedimientos judiciales.

Inspección. La operación partió de una inspección de Hacienda sobre las enormes propiedades de los narcos de las Rías Baixas. En su transcurso se iniciaron al menos dos investigaciones en las que aparecía el nombre de Miñanco. La primera, que le relacionaba con ‘Los Gerardos’, conocidos hosteleros de Vilagarcía, resultó archivada provisionalmente ante la dificultades de prueba con las que se encontró el fiscal. La segunda, que trascendió en este periódico meses atrás, con el embargo de una propiedad del capo de forma preventiva, avanza ahora con la solicitud de las comparecencias de los imputados.

El fiscal, tras solicitar numerosas diligencias en los últimos meses, considera oportuno el testimonio de los imputados en este momento, en el que, por otra parte, los técnicos de Hacienda están valorando los bienes que consideran que el narco y sus allegados emplearon para blanquear dinero del narcotráfico. En un primer momento se habló de propiedades por valor de 8 millones de euros. Nuevos datos, sin embargo, podrían servir para ampliar la cifra de forma considerable y obligarían al fiscal a solicitar más embargos preventivos en aras de evitar cambios de titularidad de última hora. Todos ellos deberán responder en A Parda a las preguntas sobre su participación en la trama de blanqueo de la que sospecha el fiscal, y lo harán en un breve plazo.

Una inmobiliaria investigada

La investigación que está llevando a cabo la Fiscalía de Asuntos Económicos de Pontevedra apunta directamente hacia movimientos financieros ejecutados por los procesados a través de la inmobiliaria San Saturnino, una de las más conocidas en Cambados y con la que se les vinculó desde los años 90, cuando Miñanco y 'O Rubio de Aios' fueron arrestados por tráfico de drogas. Una buena parte del dinero que busca la Agencia Tributaria se habría lavado sirviéndose de la citada inmobiliaria, según sostiene el fiscal.Miñanco, actualmente en prisión, también está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción por supuestos pagos a funcionarios de prisiones a cambio de favores.

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