PONTEVEDRA. El caso de la desaparición de Sonia Iglesias dio ayer un paso más en dirección al callejón sin salida hacia el que parece avanzar desde hace ya algunos meses. La jueza encargada de la instrucción de las diligencias, Rosa García, titular del Juzgado de Violencia de Género, rechazó el recurso que había presentado la acusación particular, en el que solicitaba la admisión de lo que consideraba dos posibles medios de prueba: la declaración de agentes de la Policía Nacional que participaron en las pesquisas (que ya prestaron en su día) y la utilización de un georradar para buscar el cuerpo de Sonia en el lugar donde, según los informes de los investigadores, podría hallarse el cuerpo de la desaparecida.
La jueza rechazó ambas cuestiones con argumentos claros y que siguen la línea argumental que tanto la defensa del imputado, Julio Araújo, como ella misma, trazaron desde un primer momento: los postulados de la Policía en relación con la supuesta implicación de la expareja de Sonia no pasan de posibles indicios que no pueden ser empleados como medio de prueba.
La jueza insiste en su auto en que la testifical de los agentes ya fue realizada, por lo que no considera pertinente que se vuelva a llevar a cabo. En cuanto al empleo del georradar, insiste en que uno de los principales sostenes de la acusación, la llamada desde el teléfono móvil del imputado que repite en Monte Castrove, no supone una prueba en absoluto, dado que existen grandes probabilidades de que el posicionamiento que ofreció aquel día la red fuese erróneo, producto de una saturación en los repetidores.
Una prueba clara de que esto pudo ser así es, según manifestó la defensa de Araújo, es que solo cinco minutos después aparece otra llamada que posiciona al imputado en Gutiérrez Mellado, una circunstancia imposible a todas luces y contrastada, además, por la declaración de la madre de Sonia Iglesias, Carmen Eirín, que confirma que a esa hora Julio estaba con ella en Monte Porreiro, desde donde se dirigieron al Hospital de Montecelo en busca de Sonia.
Ello hace que no exista un lugar probable en el que pueda hallarse el cuerpo de la desaparecida y, por lo tanto, lleva a la magistrada a rechazar el uso del georradar.
El siguiente movimiento de la acusación particular es elevar el recurso a la Audiencia Provincial, que a buen seguro se tomará su tiempo para decidir, lo que contribuirá a prolongar la instrucción más allá de lo deseable.
Cámaras
Por lo que respecta al resto de las partes, el abogado que defiende los intereses de Julio Araújo, Jesús Santaló, insistirá en solicitar las grabaciones de las cámaras de seguridad que en su momento no le fueron facilitadas (cuando se levantó el secreto de las actuaciones), que, según parece, no obraban en poder del juzgado instructor en su momento.
Además, seguirá a la espera del levantamiento de la carga de la imputación que pesa sobre su patrocinado, si bien esta resolución no se producirá hasta que se resuelvan todas las anteriores. En cuanto al fiscal jefe, lleva varias semanas trabajando en silencio, por lo que podría tener reservada alguna sorpresa. De no ser así, tendrá dificultades para hacer avanzar el proceso hacia una vista oral, pues la jueza no parece por la labor de admitirla con los argumentos que tiene sobre su mesa hasta el momento.
