PONTEVEDRA. El elevado presupuesto que la Deputación destina a mantener la Ciudad Infantil Príncipe Felipe supera los diez millones de euros anuales, una elevada cifra que ha vuelto a trasladar al debate político la urgencia de que su gestión sea asumida plenamente por la Xunta. Pese al gasto que supone para las arcas de la institución, tanto el presidente provincial, Rafael Louzán, como el director del centro, José Manuel Fernández, defienden a capa y espada la necesidad de sostener un complejo de estas características, que presta un apoyo esencial a numerosos menores sin apenas recursos o en situación de exclusión social. La importancia de los servicios que brinda queda todavía más acentuada en el actual contexto de crisis económica.
Tal y como explica José Manuel Fernández, a pesar de que las solicitudes se incrementaron mucho, «el número de plazas disponibles para menores es limitado». Así, el Príncipe Felipe acoge a 240 niños y adolescentes, de los que, por convenio, 120 están bajo la tutela de la Xunta y otros 120 en manos de la Deputación (a través del Centro de Día). «Al abrir el proceso de admisión -aclara el director de la Ciudad Infantil- hay siempre muchas más peticiones de las que podemos atender. Existe lista de espera. La situación de crisis ha cambiado mucho las perspectivas de necesidades».
Los datos aportados por la Administración provincial ponen de manifiesto la enorme demanda existente: la lista de espera para ocupar alguna de las 120 plazas que gestiona directamente la Deputación se sitúa en unos 80 niños y adolescentes (este año hubo alrededor de 200 peticiones).
Admisión
José Manuel Fernández aclara que existe una comisión de admisión que se encarga de realizar una selección de los niños en función de las plazas y que, en algunos casos, hay menores que son admitidos y pasan a lista de espera por si se producen renuncias o por si las circunstancias de algún interno cambian a lo largo del año. Según matiza, «otros niños se van dejando fuera por distintas circunstancias, como informes de psicólogos o trabajadores sociales que no consideran conveniente su entrada». «Hay también casos de menores que viven en concellos muy lejanos y que, por cuestiones de traslados, no vienen», añade.
Los menores admitidos en el Centro de Día siguen tutorizados por sus padres, que los envían allí esencialmente por motivos económicos, al no poder cubrir sus necesidades básicas. Muchos de sus beneficiarios se quedan en régimen abierto, entrando a las 8.00 y saliendo a las 18.00 horas, mientras que hay otro grupo de internos que duerme en el Príncipe de lunes a viernes.
La Ciudad Infantil se compone de un centro para niños de 0 a 6 años, dos para menores de entre 7 y 18 años (Agarimo y Escuela Hogar) y una Unidad de Primera Acogida (UPA), para niños que llegan encontrados por la Policía o vía Menores y que están de manera temporal. Cada centro puede acoger un máximo de entre 65 y 70 chavales y se divide en unidades familiares de entre 10 y 12 niños con habitaciones de dos camas y cocina. En ellos trabajan dos educadores por cada diez menores en cada turno, así como trabajadores sociales y psicólogos.
Además, el recinto de Príncipe Felipe alberga un CEIP con capacidad para 150 niños (para externos e internos), un centro específico de Educación Especial con 66 niños matriculados y el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Carlos Oroza. Por convenio con el Gobierno autonómico, la Deputación se encarga del mantenimiento y la Xunta aporta el profesorado.
El protocolo y el perfil del menor
José Manuel García Tuñón, que dirige el centro Agarimo desde hace 35 años, explica que la solicitud de ingreso es remitida a la Ciudad Infantil (se tramitan en el mes de junio) una vez que la Xunta o las unidades de base de los concellos detectan las problemáticas: «niños que están en peligro, sin escolarizar y con problemas económicos». Además, en caso de emergencia, el Príncipe Felipe presta protección a menores en cualquier momento. «Las circunstancias en las que llegan son de todo tipo: niños medio abandonados, maltratados por sus padres o que sufren problemas de alimentación y atención», señala.
García Tuñón aclara que existe una demanda que no se puede atender, vinculada a casos de incipiente delictividad a partir de los 15 o 16 años. Tal y como apunta, «el centro no puede atender esas problemáticas específicas» y, por ese motivo, se limita la acogida de niños conflictivos, en especial de aquellos con trastornos psiquiátricos, ya que «pueden destrozar la convivencia con el resto».
El director de Agarimo constata que los menores tienen garantizada de manera gratuita la atención educativa, el material escolar, el aseo, la ropa, la comida y las actividades extraescolares.
