PONTEVEDRA. El levantamiento parcial del secreto de sumario de la Operación Pokemon, que investiga una supuesta trama de corrupción entre empresas privadas, políticos y otros cargos públicos en la comunidad, ha revelado que parte de las pesquisas realizadas en el marco de este caso se llevaron a cabo en Pontevedra. Entre ellas figura el seguimiento que la delegación provincial de la Agencia Tributaria hizo, a través de la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera, del director de zona de Aquagest, Casimiro González Fernández, y el delegado de Vendex en Galicia, José María Tutor Lemos. Este último está imputado en el caso que en la actualidad instruye la titular del Juzgado de Instrucción Número tres de Lugo, Pilar de Lara, sobre presuntos delitos como de malversación, cohecho y tráfico de influencias, entre otros.
La vigilancia de Aduanas se centró en un encuentro que Tutor y González Fernández mantuvieron el 12 de marzo de 2012 en la ciudad. Los funcionarios del servicio presumían que a la reunión «podría sumarse» el concejal de Facenda de Pontevedra, Raimundo González Carballo. Finalmente, los funcionarios constataron que el contacto entre los directivos y el edil del BNG no llegó a producirse.
El posible objetivo del encuentro podría estar vinculado con la introducción de la regulación de estacionamientos, la denominada Ora, en la capital provincial, un negocio que nunca se llegó a plantear en Pontevedra. El grupo Vendex, al que pertenece Doal, la empresa adjudicataria de este servicio en Lugo, está siendo investigado por los presuntos sobornos que habría ofrecido a miembros de la Corporación municipal lucense para la gestión de aparcamientos.
La vigilancia a los responsables de Aquagest y Vendex y al concejal de Facenda fue realizada por cinco funcionarios de Aduanas. Así lo expone el informe incluido en el sumario de la operación Pokemon al que ha tenido acceso este periódico. En él se recogen todos los movimientos que González Fernández y Tutor realizaron en Pontevedra en marzo de 2012, cuando se citaron en una cafetería muy próxima al Concello capitalino. Prueba de ello son las fotografías que la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera aporta en su informe final, en el que se incluye otra instantánea del edil de Facenda «dirigiéndose a la parte trasera del edificio del Concello hablando por teléfono».
Teléfono pinchado
El sumario de la Operación Pokemon revela también varias intervenciones telefónicas en las que el delegado de Aquagest en Santiago de Compostela, José Luis Míguez Rey, sobre el contrato de abastecimiento de agua potable que la empresa tiene en Pontevedra.
En una de esas llamadas, con fecha del 17 de abril de 2012, Míguez recibe la llamada de una tercera persona a la que le recuerda la importancia de renovar el contrato que Aquagest tiene en Santiago y el hipotético objetivo de hacer lo mismo en Pontevedra. «Se han reunido con el alcalde de Pontevedra (Miguel Anxo Fernández Lores), que se mostró muy cariñoso con Henry y les pidió que le echasen una mano. Y la mano es la renovación», recoge el sumario.
La investigación se centró en un posible contacto de los directivos con el concejal de Facenda, que también fue vigilado por Aduanas
