PONTEVEDRA. A pesar de que la movilización social parece haber pasado a la historia, los afectados por el desdoblamiento de la carretera O Pino-Bora siguen adelante con los expedientes para tratar de revalorizar los terrenos y bienes que la Xunta ha ocupado ya para la ampliación de la denominada PO-542. El pago de las indemnizaciones podría retrasarse hasta un año por motivos administrativos, ya que la mayor parte de los vecinos (excepto los propietarios de las seis viviendas incluidas en el proyecto y que ya han sido demolidas) acudirán al Jurado de Expropiación de Galicia en busca de una compensación mayor a la prevista por el Gobierno autónomo.
Con la previsión de que el justiprecio podría retrasar el pago de las expropiaciones, la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas ha reservado una partida de 1,9 millones de euros en los presupuestos de 2013. El proyecto de Orzamentos para el año que viene invertirá algo más de 3,8 millones de euros en amortizar la ocupación de los terrenos, bienes y derechos incluidos en la reforma de la carretera que está llamada a conectar el Este de la ciudad con el futuro hospital único de Monte Carrasco. La mayor parte de ellos son fincas.
(Más información en nuestra edición impresa del lunes, 28 de noviembre)
