Los delitos contra la vida, la integridad y la libertad de las personas (que engloban los homicidios o intentos de homicidios, secuestros, desapariciones, la violencia doméstica y de género o los delitos sexuales, entre otros) siguen siendo un problema para los responsables de la seguridad en la ciudad de Pontevedra. El alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, y el subdelegado del Gobierno, Delfín Fernández Álvarez, efectuaron este martes un balance de los datos de criminalidad que se registraron en la capital de la provincia en los últimos meses. Ambos dirigentes, que copresiden la Junta Local de Seguridad, hicieron una lectura positiva de los datos (la media global sigue siendo once puntos inferior a la del conjunto de España), pero informaron de dos indicadores que no son tan satisfactorios y sobre los que tendrán que trabajar en el futuro: el primero, la tasa de los delitos más graves, que se situó en Pontevedra en 2010 en 2,5 hechos delictivos por cada 1.000 habitantes, dos décimas por encima de la media de la provincia y solo una décima por debajo de la media del Estado; el segundo, las faltas de lesiones, que repuntaron en un 20 por ciento en los últimos doce meses en la ciudad.
La reunión, que tuvo lugar este martes en el Concello, contó con la participación de representantes de todos los cuerpos de seguridad que operan en la ciudad, y en ella se trataron desde los operativos especiales que se desarrollaron en los últimos meses con motivo de fiestas populares o eventos deportivos (con un notable éxito) hasta las cifras de criminalidad, incluido el seguimiento a los casos de violencia de género, violencia doméstica, seguridad escolar y seguridad vial.
La media, estable
Los datos globales de criminalidad en Pontevedra en el año 2010 son positivos, pese a continuar por encima de la media gallega y provincial. Mientras en Galicia se cometieron 27 delitos y faltas por cada 1.000 habitantes, en la provincia la cifra sube hasta los 31,5, y en la ciudad hasta los 34,03. Esta cifra, sin embargo, tiene una lectura positiva, pues es ligeramente inferior a la registrada doce meses antes (34,6) y se mantiene once puntos por debajo de la estatal (45).
Otros indicadores positivos son el que se refiere a los delitos contra el patrimonio, con ''la tasa más baja de los últimos once años'', según palabras del propio subdelegado, si bien sí admitió un cierto repunte de los robos con fuerza en viviendas, pese a lo cual siguen por debajo de la media nacional. La tasa alcanzó en 2010 los 25 robos por cada 10.000 viviendas, más de un 20 por ciento por encima de la registrada en 2009 (18,5).
Otro aspecto en el que hicieron hincapié fue el de la eficacia policial, que se sitúa en un porcentaje del 57,4 por cien de delitos esclarecidos, 16 puntos por encima de lo que sucede en el resto del país, si bien no alcanza la que obtuvieron en 2009, cuando llegaron a un 62 por ciento, según declararon las mismas fuentes doce meses atrás.
Peleas y lesiones
Las agresiones que no alcanzan el grado de delito siguen siendo un problema en Pontevedra, como reconocieron ayer tanto el alcalde como el subdelegado. La ciudad está por encima de la media estatal en lo que se refiere a faltas de lesiones, que proceden de peleas entre pandillas, vecinos, amenazas o discusiones de tráfico, según explicaron los dos copresidentes de la Junta. La tasa ascendió a los 2,42 delitos por cada mil habitantes, un 20 por ciento por encima de la media estatal (que no supera los 2,03 delitos).
Violencia de género
Lores y Fernández Álvarez señalaron que la situación se mantiene estable, con 133 denuncias y 89 víctimas en 2010. Ambos mandatarios explicaron que se mantienen activas 102 órdenes de alejamiento, de las cuales 84 son investigadas por el Cuerpo Nacional de Policía y 18 por la Policía Local, en virtud del acuerdo de colaboración que ambas instituciones han suscrito.
Respecto a la identidad de los agresores, la mayoría son ciudadanos españoles de entre 35 y 44 años, y sus víctimas son igualmente españolas, aunque más jóvenes, de entre 25 y 34.
El subdelegado informó también de la incidencia de este tipo de delitos en lo que llevamos de 2011, y señaló que hasta el moemento se mantienen activas 84 denuncias (con 52 víctimas). Los dos cuerpos policiales cuentan con 109 casos activos, de los cuales la mayoría son de riesgo medio y muy pocos de riesgo alto, según apuntó Fernández.
Para luchar contra esta lacra, el subdelegado anunció que se está elaborando un protocolo para mejorar la atención a las víctimas que hará que trabajen de forma conjunta la Sanidad, la Justicia, la Educación, los Servicios Sociales y las propias Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
