Las tres empresas funerarias propietarias del tanatorio de Montecelo, que la Consellería de Medio Ambiente derribó el pasado agosto por orden del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, reclaman a la Xunta tres millones de euros de indemnización.
El centro fue declarado ilegal porque la licencia de construcción se concedió irregularmente en 1993.
Un vecino reclamó judicialmente y el tanatorio, que estaba situado junto al Hospital de Montecelo, fue finalmente declarado ilegal.
Alianza y Barros, Central Funeraria y Pompas Fúnebres, las tres empresas propietarias del tanatorio, han presentado ahora una solicitud de reclamación de responsabilidad patrimonial a Medio Ambiente.
De los tres millones que reclaman, 1,9 corresponderían al coste de un nuevo tanatorio en el mismo sitio que el anterior, que las compañías consideran que podrán construir según la ley vigente en la actualidad.
