PONTEVEDRA. Tres años de investigaciones no han servido para aclarar lo que le ocurrió a Sonia Iglesias entre las 10.15 y las 11.45 del 18 de agosto de 2010. Tampoco han sido suficientes como para asegurar que su expareja, imputado por un «delito sin especificar» desde el 19 de julio de 2012, es el autor de su secuestro y de su muerte. Ni siquiera esto último se puede asegurar a estas alturas ante la falta de un cuerpo.
El fiscal jefe de Pontevedra, Juan Carlos Aladro Fernández, está al frente de las investigaciones desde el primer momento. En el cajón de su despacho guarda con celo documentación propia que ha ido recopilando a lo largo de los meses y que revisa cada mañana en busca de la fórmula para hacer avanzar el caso. «Es algo que me inquieta profundamente», dice el fiscal, consciente de que la familia de la desaparecida «necesita algo, una respuesta por nuestra parte». Ahora que se conocen los entresijos de las declaraciones en sede policial y judicial de Araújo, sus contradicciones y sus coartadas, este periódico desvela una hipótesis sobre la que el fiscal ha trabajado desde el principio: la expareja de Sonia Iglesias no pudo cometer un delito de tal perfección y en un margen temporal tan estrecho sin la ayuda de nadie. Los investigadores tienen el convencimiento de que más personas se prestaron de uno u otro modo para llevar a cabo el delito. Sin embargo, y ahí reside una de las claves que impide que el proceso avance hacia la apertura de un juicio oral, a día de hoy no ha podido dar con ellas. En esa línea continúa trabajando en la actualidad, en busca de una pieza, en forma de un testimonio de una tercera persona, que complete el puzzle. Aladro considera a Araújo un hombre frío y de moral inquebrantable, por lo que ve complicado obtener nada concluyente fruto de nuevos interrogatorios.
Indicios, no pruebas
La cuestión a partir de ahora será saber si Aladro y su compañera Carmen Novo, que también conoce a la perfección el asunto, se decidirán por instar a la jueza a la apertura de un juicio oral (que se celebraría, por la naturaleza de los hechos, en la Sección Cuarta de la Audiencia). Ahora mismo parece improbable que la Fiscalía pueda formular una acusación contundente, pues los únicos argumentos de los que dispone son pruebas indiciarias basadas en contradicciones, pero ninguna de ellas con el peso necesario para acusar a alguien de un secuestro, y mucho menos de un homicidio.
Las distintas versiones sobre lo ocurrido a la salida del zapatero de Arcebispo Malvar (donde primero dijo que había tráfico, lo que hizo que Sonia se bajase y se fuese andando, algo que fue desmentido tras el análisis pormenorizado de las cámaras de vigilancia de la Policía Local), las contradicciones entre la hora a la que dice que recogió a la madre de Sonia (14.50) y la que indica la progenitora de la desaparecida (15.30) y el hecho de que el imputado no pueda justificar con pruebas dónde estuvo entre las 10.15 y las 11.40 no sirven de argumento para articular un texto acusatorio de tamaña gravedad. Ni siquiera es posible hacerlo teniendo en cuenta la ya famosa llamada que repitió en el Monte Castrove a las 15.11, pues no se efectuó la triangulación que sirve para acotar la ubicación concreta del teléfono móvil en ese instante (Araújo asegura que pudo captar esa frecuencia cuando se dirigía a Monte Porreiro en busca de Carmen Eirín). La Policía apuntó en la dirección de que pudo acudir allí para asegurarse de que el cuerpo estaba perfectamente oculto horas después del presunto crimen, siguiendo una de las máximas de las investigaciones de este tipo. «Es un lugar más que apropiado para deshacer y ocultar un cadáver», señalaron los investigadores en su momento en una conclusión que figura en las actuaciones. Tal argumento se debilita al conocer que pocos minutos después el teléfono ‘repite’ en el centro de Pontevedra y en Monte Porreiro. Por todo ello, el letrado de Araújo instó ayer a la jueza al archivo parcial de la causa.
Ante la escasez de argumentos, la Policía optó por investigar, siguiendo una línea que después desechó, una conversación telefónica de unos 20 minutos que mantuvo Sonia con un amigo suyo afincado en Venezuela el día anterior a la desaparición. Algunas voces apuntaron a que la dependienta mantenía una relación especial con esta persona, que fue interrogada mediante una batería de cuestiones que le fueron remitidas por escrito al país sudamericano. Tal diligencia, sin embargo, tampoco aportó nada a la causa.
El trabajo de la Fiscalía y de los investigadores les llevaron a interrogar a personas del entorno próximo del imputado, entre las que se encontraba, según indicó a este periódico el letrado de Araújo, el propietario de una empresa de servicios funerarios de la ciudad, ante los rumores que apuntaban a una posible incineración del cuerpo. Tal línea de investigación también fue desechada al tiempo que otras han sido reabiertas.
Una persona afincada en Venezuela que mantuvo una conversación con Sonia el día anterior de los hechos fue también interrogada
Separación
Otro de los indicios en los que se sustenta la imputación de Araújo es la contradicción entre lo que sostiene el imputado sobre su relación con Sonia (dice que no se iba a romper) con lo que declaran allegados de la joven, que apuntan a que la ruptura ya era un hecho. Antena 3 informó ayer del hallazgo de un preservativo con restos biológicos de Araújo (no de Sonia) que la Policía achaca a un intento del imputado por simular que mantenían relaciones sexuales.
