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Los juzgados desestiman levantar la suspensión de licencias de crematorios

PONTEVEDRA. Las licencias de crematorios seguirán en 'stand by' algún tiempo más. El Juzgado Contencioso-Administrativo número dos de Pontevedra acaba de desestimar el levantamiento de la suspensión de permisos solicitado por las empresas Alianza y Barros y Pompas Fúnebres, responsables del proyecto que ha hecho saltar las alarmas en Arcebispo Malvar.

La suspensión, de un año de duración, entró en vigor el 21 de diciembre de 2012, por lo que el Concello dispondrá de prácticamente todo lo que resta de 2013 para regular el asentamiento de este tipo de instalaciones mortuorias. No obstante, puede que la medida se levante antes. Según explicó ayer el teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Antón Louro, la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, que acompaña a la suspensión y determina su duración, está casi lista para someterla a aprobación inicial: "Está practicamente ultimada, polo que prevemos aprobala en Comisión dentro dunhas semanas, remitila a Pleno e enviala á Xunta de Galicia", institución esta última que tendrá la última palabra.

Los únicos flecos pendientes para proceder a esta primera aprobación son un par de conversaciones con algunas de las empresas funerarias que participan en una carrera frenética por dotar a Pontevedra de su primer horno. Louro no llegó a concretar de cuáles se tratan, pero puede que se trate de la negociación más ardua de las que ha dirigido desde su llegada a la Casa Consistorial.

La modificación del Plan contempla prohibir el asentamiento de crematorios en suelo urbano, urbanizable y núcleo rural y, según sostuvo el propio edil, afecta a todas las funerarias: "Los cuatro proyectos están sujetos a la modificación del Plan".

Para conocer su resolución solo cabe esperar a que la modificación del Plan sea aprobada, y lo más importante, a que sea sometida a examen de la Xunta de Galicia, que aceptará o no la regulación propuesta por el Concello. Ahora bien, hay quien ya interpreta las palabras del concejal como la constatación de que se salvará una sola empresa. Y no son opiniones foráneas, sino que lo dicen los propios responsables de la firma, que recuerdan que los terrenos adquiridos hace unos años en San Amaro, detrás del cementerio municipal, son rústicos y están calificados como suelo dotacional "para hacer exclusivamente un tanatorio-crematorio. Estos mismos se muestran "satisfechos" con el rumbo que está tomando la dirección del Plan y, aunque dicen sentirse perjudicados por el tiempo perdido con la suspensión de licencias, abogan por "seguir nuestro camino" por la vía pacífica, sin recursos, ni presiones.

Su versión coincide con otras informaciones ya publicadas por este periódico, incluso con algunas manifestaciones hechas en su día por el PP, de que el complejo de Funespaña quedaría exento de la 'caza de crematorios'. Sin embargo, Louro insiste. "No hay nada resuelto".

Veredicto. El fallo judicial descarta reanudar las licencias de crematorios desde varios frentes. Uno de ellos es que la suspensión va acompañada de una modificación del PGOU y que la construcción del tanatorio-crematorio que solicitan las demandantes podría volverse ilegal, una vez hecha la modificación. Otro es que la Administración local puede responder, en su caso, de los daños ocasionados a los recurrentes y que, en cualquier caso, los intereses generales "deben prevalecer sobre los particulares o de terceros".

Además, cree que el acuerdo municipal respetar el principio de 'buen derecho', al no existir actos anteriores anulados que afecten al acuerdo impugnado.

En opinión de Louro, dicho veredicto es concluyente y coincidente con la postura de la Concellería que preside y el Concello de Pontevedra. "Algo que me produce una gran satisfacción, porque constata una vez más que hacemos las cosas bien", señaló.

"El Concello nos dijo que convenía un suelo urbano"

Las funerarias solicitantes de la paralización cautelar de la suspensión de licencias, Alianza y Barros y Pompas Fúnebres, no recurrirán el fallo del Tribunal Contencioso-Administrativo. Según explica la gerente de Pompas, Naír Fernández, ambas firmas prefieren centrar los esfuerzos en el fondo del asunto y esperar a ver qué ocurre con el recurso presentado contra el propio acuerdo del Concello de frenar los permisos y regular los crematorios. Por la parte que les toca, están convencidos de que los tribunales admitirán a trámite el recurso. En parte, porque no entienden que el Concello "intente hacer ahora algo ilegal que en el momento de la solicitud era legal"; en gran medida, "porque hacer una modificación del Plan a la carta nos parece discutible", señala Fernández.

Los gastos económicos y los supuestos daños reputacionales por no poder prestar servicios ya anunciados al cliente se suman a la lista de perjuicios denunciada por las empresas, aunque es otra circunstancia la que crispa más los ánimos en Pompas Fúnebres y Alianza y Barros: "Que ahora digan que no se puede construir en suelo urbano, cuando fue en el propio Concello donde nos dijeron que el suelo urbano de equipamiento era el más idóneo para estas instalaciones". Por ello, esperan que el recurso prospere, al igual que Rías Baixas, la funeraria que proyectó otro crematorio en la subida a Montecelo y que también ha recurrido la suspensión.

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