PONTEVEDRA. El Juzgado Contencioso-Administrativo número dos de Pontevedra acaba de solicitar al Gobierno local una extensa documentación para comprobar si la denuncia realizada por la oposición es cierta y el bipartito anuló ilegalmente dos de sus tres dedicaciones exclusivas.
El secretario judicial quiere saber si la moción que derivó en la anulación de los sueldos estaba en la orden del día y si, alomenos, fue presentada antes de dar comienzo el Pleno celebrado el pasado mes de julio. Además, pregunta si los miembros de la Corporación suelen admitir la urgencia de todas las mociones (cómo ocurrió en este caso) y las palabras exactas que se pronunciaron el día de los hechos, tanto la un lado como a otro de la bancada. El secretario exige el contenido íntegro del acte de la sesión plenaria.
Las investigaciones intentarán comprobar el grado de veracidad que hay en la denuncia presentada por el portavoz de la oposición, Jacobo Moreira, contra lo acuerdo plenario por un supuesto defecto de forma y una hipotética ansia de represalia por parte de los dirigentes locales.
La petición de información fue analizada ayer en Junta de Gobierno local, en el que parece ser un nuevo episodio en la disputa iniciada entre el Gobierno local y la oposición por las dedicaciones exclusivas.
Guerras paralelas. Los tambores de guerra comenzaron a redoblar un poco antes del Pleno de la discordia, en el que el PP decidió presentar una moción en contra de la retribución que había comenzado a cobrar el nacionalista Miguel Filgueira, quien accedió a la Corporación en relevo de la concelleira nacionalista Lola Dopico.
Los 'populares' pusieron el grito en el cielo por el contexto de crisis y el Gobierno local lo entendió cómo una quiebra del pacto firmado a principios de mandato, que confería a la oposición tres dedicaciones exclusivas de 42.000 euros anuales cada una. El acuerdo era, según el bipartito, que todos los ediles con responsabilidad en el Gobierno local podían cobrar una nómina y en esos momentos (y aun ahora) había dos concejales del BNG que no cobraban sueldo.
El bipartito mismo llegó a advertir que las quejas del PP tendrían consecuencias y, finalmente, las hubo. Nacionalistas y socialistas contraatacaron la moción 'popular' con una segunda moción con la que regresaron al acuerdo firmado a principios de mandato, es decir, al instante en el que el PP se beneficiaba de una sola dedicación exclusiva para su portavoz.
El siguiente episodio no tardó en llegar. El sucedido no sólo ensanchó los boquetes entre el Gobierno y la oposición, sino que comenzó fijo más grandes las fisuras que existían en el grupo municipal del PP, que vivió su propia guerra interna.
El detonante de esta batalla paralela también tuvo como escenario soutros plenos, en los que el 'popular' llegó a rechazar ata en tres ocasiones a posibilidad brindada por el bipartito de recuperar los sueldos suprimidos. Algunos compañeros del 'popular' interpretaron su empecinamento por una defensa íntegra del grupo, pero otros como un acto de osadía . Poco después, tres ediles renunciaron a su acta por discrepancias por Moreira: el vicevoceiro José Manuel Guillán, Celia Soto y Begoña Laya, la única de los tres que llegó a cobrar una dedicación parcial durante un par de meses.
El 23 de octubre el 'popular' decide dar un nuevo giro y presentar un recurso que no dio a conocer ata el pasado 10 de diciembre y que ahora promete escribir algún que otro capítulo.
González: "Eles foron os que romperon o pacto"
El portavoz del Gobierno local, Raimundo González, dio ayer a conocer el requeirimento del juzgado, a lo que se refirió como un nuevo intento de la oposición "de lograr algo pola vía xudicial o que non pode pola política". El nacionalista confirmó que el Concello acercará toda la documentación solicitada y que todas las mociones siempre tuvieron una "votación favorable". Además, insistió en que el Gobierno local ofreció en varias ocasiones a posibilidad de recuperar el pacto, "que eles sempre negaron, cando foron os que o romperon", añadió.
La oposición difiere
El argumento de la oposición es, con todo, que todas las mociones tienen que presentarse antes de las sesiones plenarias y ser conocidas por todos los partidos, aun cuando sean urgentes; algo que, según dice, no ocurrió.
