Los recortes impulsados por la Xunta de Galicia y el Gobierno central en materia laboral han servido de excusa a los sindicatos de la comarca para tomarle el pulso a la calle y analizar los apoyos ante la convocatoria de la anunciada huelga general. Las centrales valoran con éxito el primero de los exámenes que medirán su capacidad de convocatoria. Cientos de funcionarios y personal laboral autonómico secundaron ayer las concentraciones convocada por Comisiones Obreras, CIG, UGT y CSIF en distintos puntos de Pontevedra contra el proyecto de Lei de Medidas do Emprego Público aprobado por el Gobierno gallego. La más multitudinaria tuvo lugar ante el edificio administrativo de Campolongo, en el que trabajan cerca de un millar de personas. Los manifestantes cortaron durante algo más de diez minutos la calle Fernández Ladreda de forma pacífica. La ocupación de la calzada obligó a la Policía Local a reorientar el tráfico. Un helicóptero de la Policía Nacional inspeccionó también la zona a vista de pájaro.
Las medidas autonómicas, que se aplicarán durante un período de dos años, no convencen a los sindicatos. El secretario nacional de CIG-Autonómica, Fernando García, afirmó este jueves que los recortes aprobados sentarán las bases para la privatización de los servicios públicos. ''Xa está a ocorrer nas escolas infantís'', afirmó el sindicalista, que anunció que la formación nacionalista judicializará este caso e instó al Ejecutivo a reducir los pluses a altos cargos autonómicos ''ou ós asesores políticos do PP na Xunta, que lle custan sete millóns de euros a todos os galegos''. García ve indicios de inconstitucionalidad en los cambios del convenio colectivo de los trabajadores públicos gallegos. ''Esta modificación é competencia do Parlamento do Estado e non da Xunta ou do Parlamento galego'', apostilló.
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