El seis de agosto del pasado año, fecha en la que el juez Garzón inició las diligencias previas de lo que luego se daría en llamar caso Gürtel (‘Correa’, en alemán), comenzó la cuenta atrás para los imputados. Las empresas de Pablo Crespo y sus conexiones con la supuesta trama sufrieron cambios significativos en sus órganos de gestión hasta poco antes de ser procesado. Fruto del nerviosismo de saberse investigado o simple casualidad, la situación jurídica de Crespo cambió en al menos siete de sus 14 sociedades investigadas por el juez.
Así, según recoge un informe elaborado a partir de documentos del Boletín Oficial del Registro Mercantil, en dos días consecutivos a finales del mes de septiembre se convirtió en administrador único y administrador macomunado de Proyectos Financieros Fillmore y de Forever Travel Group, respectivamente.
Más tarde, en diciembre de 2008, dos de sus hijos (uno consejero y el otro consejero y secretario) dejaron de pertenecer a los órganos sociales de la empresa Cresva, dejando a Crespo como administrador único. Con domicilio social en un chalé de A Caeira, según las diligencias del juez Baltasar Garzón «esta empresa se nutre de fondos de entidades públicas, en particular de algunos ayuntamientos y comunidades autónomas en beneficio propio».
Cresva, que está registrada como una sociedad dedicada a la publicidad y los estudios de mercado, posee bienes inmobiliarios en Sotogrande (Cádiz), un ático y tres garajes en Marbella (Málaga) y el yate Parapipi en Altea (Alicante). En este último se encontraron documentos informatizados con la relación de personas que habían recibido dinero o regalos por parte del supuesto entramado. Entre ellos, Ricardo Costa y Francisco Camps. Ya en enero de este mismo año, justo un mes antes de ser detenido, el ex secretario de organización del PPdeG se situaba como cabeza visible de cuatro sociedades más. Se convirtió en administrador único de Hator Consulting, en apoderado de Caroki y, ese mismo día, en administrador solidario de Inversiones Kintamani y de Osiris Patrimonial. En estas dos últimas figura como miembro de los órganos de administración Antoine Sánchez, primo de Francisco Correa, supuesto líder de la trama.
A su vez, en Inversiones Kintamani, figura, según las diligencias de Garzón, un ingreso de 301.000 euros por ‘caja B’ del también imputado Jacobo Gordón, quien fue socio de Alejandro Agag, yerno del ex presidente del Gobierno José María Aznar. En la madrugada del 12 de febrero de este año, el juez Garzón ordenó prisión para Crespo, Correa y Antoine Sánchez, acusándolos de blanqueo de capitales, tráfico de influencias, defraudación y cohecho. Desde la propia prisión de Soto del Real, Crespo continuó gestionando los supuestos fondos ilegales de la organización. Así lo recogen las conclusiones de
Según el sumario, el abogado José Antonio López Rubal recibió «instrucciones de Pablo Crespo para que ejecutara los fondos que tiene la organización en Suiza». Además del país alpino, Mónaco, Reino Unido, Estados Unidos y Panamá son otros de los países donde se investiga el paradero del dinero. Finalmente, en mayo de este año, se produce un curioso caso en varias empresas con sede en Madrid gestionadas por Crespo, según recoge el Boletín Oficial de
