Los vecinos de Monte Porreiro serán juzgados por una falta de coacciones

 

Los seis vecinos de Monte Porreiro a los que inicialmente el fiscal consideraba autores de un delito de coacciones por las manifestaciones realizadas contra el realojo de tres familias de etnia gitana de O Vao en esta urbanización pontevedresa irán a juicio para rendir cuentas por una falta leve. La Fiscalía acaba de firmar un escrito de acusación en el que sostiene que la actuación de los denunciados es constitutiva de un ilícito penal, pero de menor gravedad.
Según informó el fiscal jefe de la Audiencia Provincial, Juan Carlos Aladro, el caso está ahora en manos de otro fiscal pontevedrés, Benito Montero, pero el escrito de acusación es fruto de un trabajo conjunto en el que estudiaron todas las pruebas y declaraciones recopiladas por la Fiscalía y el Juzgado de Instrucción número 1 de la ciudad.
Aladro explicó que todas las pruebas apuntan a que los seis vecinos acusados (Ángel Mario Lago, José Manuel Dopazo, Ana Noceda, Maricarmen Caramés, Ana Darrosa Aboal y Antonio Palomares Gallardo) incumplieron los preceptos del Código Penal con sus actuaciones. Sin embargo, han decidido acusarles únicamente de una falta de amenaza, coacción, injuria o vejación injusta de carácter leve.
Con esta calificación, los seis vecinos evitarán la prisión con casi total seguridad. Así, el Código Penal establece que esta infracción debe ser penalizada con una multa de diez a veinte días o, en los casos más graves, con trabajos en beneficio a la comunidad o una condena de prisión leve.
Aunque en un primer momento se había planteado que los vecinos de Monte Porreiro podían ser responsables de los delitos de amenazas y coacciones, y un tercero contra los derechos fundamentales por racismo y xenofobia, ya en el mes de mayo el fiscal jefe envió al Juzgado de Guardia un auto en el que solicitaba que se abriesen diligencias contra ellos por un delito de coacciones. En su escrito pedía que fuesen imputados por sus actuaciones durante la manifestación nocturna celebrada el martes 11 de marzo en Monte Porreiro en protesta por el regreso de las familias que habían sido realojadas en las calles Portugal y Alemaña, así como por otras concentraciones realizadas en los días anteriores y posteriores.
Una vez que la Fiscalía ha emitido su escrito de calificación, este documento será remitido al juzgado, que señalará la fecha para la celebración de un juicio de faltas. En la vista se tendrá en cuenta tanto la acusación del ministerio público como la particular de la Asociación Pueblo Gitano de Galicia.

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