La plataforma de afectados por el desdoblamiento de la carretera O Pino-Bora (la denominada PO-542) no se da por vencida. El colectivo vecinal se echó este viernes nuevamente a la calle para exigir a la Xunta de Galicia que dé marcha atrás a las obras de reforma del vial, cuyos trabajos previos dieron comienzo ya hace casi dos semanas. A pesar del avance de esta actuación, los vecinos han anunciado nuevas ''ofensivas'' que se desarrollarán durante la campaña previa a las elecciones municipales.
El portavoz de la plataforma de vecinos, José Benito Fernández, avanzó que las esperanzas de los residentes en O Marco se centran ahora en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). ''Xa nos puxemos en contacto cos nosos avogados. Sacamos varias fotografías á zona onde se van facer as obras e remitirémoslla ó secretario do tribunal. Queremos e confiamos en que poida haber unha solución a todo isto'', explicó el líder vecinal.
Al margen de la lucha judicial, vía por la que también ha optado el Concello de Pontevedra, que entiende que la reforma de la PO-542 escapa a las pretensiones del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), los vecinos aspiran a que el conflicto pueda solucionarse por la vía administrativa. ''Estamos a preparar un escrito que lle remitiremos a semana que vén ó conselleiro (Agustín Hernández) instándolle a que non metan as máquinas nesta estrada'', apuntó Fernández.
Por lo pronto, los técnicos de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas trabajan ya en el pago de las expropiaciones. Entre finales de este mes y principios de mayo, el Ejecutivo gallego amortizará el pago de las indemnizaciones por la ocupación de las viviendas y de los negocios afectados por el desdoblamiento. El montante total que desembolsará la Xunta asciende a 2,2 millones de euros, unos 400.000 euros más de lo que en un principio tenía previsto pagar por las expropiaciones.
Justiprecio
En los últimos meses, la Xunta se ha asegurado el favor de varios de los vecinos afectados por la reforma de O Pino-Bora. Concretamente de cinco de los seis propietarios de las viviendas que serán demolidas durante la realización de las obras. El caso en el que no pudo llegarse a un acuerdo se dirimirá en el justiprecio. Se trata de un inmueble deshabitado por el que su dueña reclamaba más de 200.000 euros.
El Gobierno gallego no está dispuesto a pagar más de 120.000 euros. La reforma del vial, con el que se prevé conectar el Este de la ciudad de Pontevedra con el futuro hospital único de Monte Carrasco, ha sido puesto en cuestión en numerosas ocasiones, tanto por parte del Concello como por parte de los vecinos. Estos últimos entienden que ampliar la capacidad del vial no tiene sentido y sostienen que existen alternativas para establecer el nuevo mapa de comunicaciones con el nuevo centro sanitario. La propuesta vecinal pasa por construir una nueva carretera por las inmediaciones de la empresa de muebles Juviol.
Por su parte, la Consellería de Medio Ambiente defiende que esta actuación ''ten como obxectivo principal mellorar a mobilidade da capital da provincia, levando a cabo solucións intelixentes e respectuosas co medio ambiente e significará articular unha variante do rural, que permita conectar todas as parroquias de Pontevedra e dotar de servizos a unha zona ata o de agora marxinada''. La obra, adjudicada recientemente a la firma CRC por 4,7 millones de euros, cuenta con un plazo de un año para ejecutar el proyecto, que estará rematado en marzo de 2012.
