PONTEVEDRA. El plan de rescate que el Ministerio de Hacienda anunció el pasado jueves para 314 ayuntamientos del país, de los que cinco corresponden a la provincia de Pontevedra, no ha supuesto una sorpresa para las administraciones locales afectadas, puesto que fueron informadas hace más de un mes. Así lo anunció hoy el presidente de la Deputación, Rafael Louzán, que afirmó que observa «boa disposición » en los concellos pontevedreses (de los que hasta el momento no ha trascendido el nombre) para llevar a cabo acciones con el objetivo de obtener una estabilidad presupuestaria «no menor tempo posible».
«Os cinco están adoptando as medidas pertinentes», manifestó Louzán, que opina que exista una «corresponsabilidad» por parte de los alcaldes para ejercer un control más estricto de sus ingresos y gastos. Preguntado sobre el motivo por el que no se han hecho públicos los nombres de los ayuntamientos que Hacienda ha incluido en su plan de rescate, el presidente provincial afirmó que el Gobierno «entendeu que non era pertinente», porque el objetivo es que este proyecto estatal no quiebre la confianza de los mercados en el ámbito local. Además, el líder del PP en Pontevedra destacó la labor de la Administración central con esta nueva iniciativa para mejorar el estado financiero de los municipios españoles.
Ámbito autonómico
En concreto, en la Comunidad gallega son 13 los concellos con dificultades que han recibido la invitación del Ministerio para adherirse a este plan de control: además de los cinco de Pontevedra hay tres en A Coruña, tres en Lugo y dos en Ourense.
Se trata de localidades con un deterioro financiero estructural, de años atrás, con un volumen excesivo de deudas o que no pagan las cuotas del plan de proveedores. Hay municipios que incumplen todas estas tres condiciones, según sostuvo el Ministerio al anunciar su nuevo plan, aunque no concreta cuáles.
Hacienda insistió en que no se trata «de una intervención» en sentido estricto porque se exigen unas medidas a cambio de apoyo económico, aunque admiten que el control será estricto porque se ayuda a estos ayuntamientos «con el dinero de todos los españoles». Además, aquellos Gobiernos locales que se nieguen a participar en esta medida tendrán que asumir consecuencias: la retención de su participación en los tributos y sanciones como las que a partir del uno de enero impone la Ley de Transparencia a quien gaste por encima de lo presupuestado.
