Más de 5.000 personas en toda Galicia han sido condenadas a trabajos en beneficio de la comunidad en lo que va de año, de ellas un millar en la provincia de Pontevedra.
Actualmente en la provincia de Pontevedra 400 personas cumplen este tipo de condena, según puso de manifiesto este jueves el subdirector general adjunto de Penas y Medidas Alternativas del Ministerio de Interior, Miguel Ángel Vicente Cuenca, en unas jornadas de trabajo en Pontevedra en las que participaron más de 60 técnicos y responsables municipales y de entidades sin ánimo de lucro que colaboran en la gestión de este tipo de condenas.
Las jornadas han sido inauguradas por el presidente de la Deputación de Pontevedra, Rafael Louzán, que ha subrayado el valor de este sistema, que permite "que personas con infracciones o delitos leves no tengan que entrar en prisión y puedan compensarlo con beneficios a la comunidad".
Vicente Cuenca ha incidido en que para hacerlo posible es precisa "la implicación de todos", porque si no se ofertan lugares y medios para que los condenados puedan cumplir con su pena "se dificultaría enormemente", según ha sostenido, el funcionamiento de este sistema.
Así, Vicente Cuenca ha agradecido la participación en el programa de los ayuntamientos, de la propia Diputación y de entidades sin ánimo de lucro que hacen posible que la provincia de Pontevedra tenga "suficientes plazas para que los penados puedan cumplir razonablemente las penas en un lugar próximo a su residencia y en actividades de utilidad e interés público". En este sentido, cifró en unas 160 las entidades que participan en el programa.
PERFIL MUY AMPLIO
En cuanto al perfil de los penados, Vicente Cuenca ha manifestado que trata "de un perfil muy amplio" en el que hay desde personas que ya cuentan con un historial delictivo hasta otras "perfectamente integradas en la sociedad, con una vida normalizada." Este amplio perfil obedece, precisamente, al tipo de infracciones y delitos vinculados a estas condenas, que están relacionados con la seguridad viaria o infracciones menores, según ha comentado.
Estas jornadas de trabajo permitieron a los responsables de la gestión, control y supervisión de los penados en cada ayuntamiento y entidad aclarar dudas y obtener información relevante sobre como proceder ante posibles problemas, como falta de rendimiento en el trabajo, ausencias o dificultades para adaptar el perfil del penado al cometido que se le encomienda.
Los organizadores de estas jornadas han incidido en la necesidad de buscar mecanismos para que esta colaboración entre Ministerio y ayuntamientos funcione de la mejor manera, con el objetivo de lograr "una sociedad más justa y solidaria", han abundado.
En este sentido, Rafael Louzán ha recordado que la Administración provincial colabora desde 2009 con el Centro Penitenciario de A Lama en la gestión de estas condenas, ofertando 15 plazas anuales para los penados.
