Más de un millar de familias viven sin ninguna prestación

Trabajadores de las piscinas donando alimentos a San Francisco. dp
photo_camera Trabajadores de las piscinas donando alimentos a San Francisco. dp

PONTEVEDRA. «Pontevedra está en situación de emerxencia». Más de un millar de familias subsisten sin ningún tipo de prestación pública, al amparo de la beneficiencia, las ayudas de sus allegados y la solidaridad de terceros. Cerca de 3.500 núcleos familiares, con al menos una persona en edad de trabajar, sobreviven con todos sus miembros en paro, condenados a la espera eterna de recibir una llamada del Inem.

Ambos son datos escalofriantes que ayer hizo públicos el secretario intercomarcal de UGT Pontevedra-Arousa, Ramón Vidal Trillo, para trasladar la situación agónica que viven algunas personas en el municipio. La práctica totalidad con el beneplácito tácito de la Administración.

Las cifras se desprenden de una comparativa de la Encuesta de la Población Activa (EPA) con análisis del Concello, en la que, en palabras de Trillo, se pone de relieve «a emerxencia social» en la que ha derivado la crisis.

En su opinión, no caben lamentos ni titubeos, tan solo acciones directas por parte de las instituciones competentes. Sobre todo por parte del Concello de Pontevedra, al que instó a tomar cartas en el asunto sin más dilación. Entre las medidas que propuso, destaca la reducción, retirada o aplazamiento de los impuestos locales para los casos extremos en los que se ven afectadas familias en riesgo de exclusión social.

«Hai nenos que están indo ás escolas con carencias alimenticias. Non pode ser que as súas familias teñan que renunciar ao sustento polo pago duns tributos», reclamó el secretario.

Beneficencia

Comedores sociales, iniciativas solidarias como la de Redeaxuda, donaciones particulares... La crisis ha disparado la solidaridad, pero no con la suficiente fuerza como para frenar «o esmorecemento do concello que comezou hai catro anos».

Para el portavoz sindical la beneficencia no puede ser el pilar de la supervivencia de las víctimas del contexto financiero y la lacra del desempleo. Por ello, insistió en la necesidad de desarrollar medidas que faciliten el día a día a los colectivos más desfavorecidos. No solo por parte del Gobierno local, sino también «dende a oposición».

Al mismo tiempo, reclamó a la Administración local la localización de todos los núcleos familiares que están abandonados a su suerte, una investigación que se escapa de las manos de los sindicatos «pola privacidade e o decoro» con el que suelen actuar los afectados.

Sus reivindicaciones se extendieron también al conjunto de administraciones de las que depende el ciudadano. A todas ellas exigió «maior sensibilidade» a la hora de interactuar con las personas más necesitadas.

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