El Tribunal Supremo «se ha vuelto a dirigir» a la Audiencia Nacional para hacer cumplir la sentencia del pasado mes de julio, en la que insta a la Administración General del Estado a incoar el expediente de caducidad de la concesión que disfruta Ence.
Así lo denunció ayer la parte demandante, el colectivo Salvemos Pontevedra, cuyo presidente estima que la notificación (del pasado 13 de octubre) concede un último plazo de diez días para cumplir el veredicto e iniciar los trámites: «El expediente debería haberse iniciado hace unos meses y ahora entendemos que no hay excusa para hacerlo, sería un desacato», manifestó Francisco Díaz.
De no producirse movimiento alguno, el colectivo se reserva la posibilidad de solicitar la ejecución forzosa de la sentencia en el plazo de dos meses. Otra cosa son los efectos que ésta pueda tener.
Salvemos Pontevedra entiende que la Administración General del Estado debe acompañar el expediente de las medidas cautelares necesarias para proceder a la «paralización de la actividad y el cierre de las instalaciones». La empresa, en cambio, defendió al conocer la sentencia que la apertura del expediente está lejos de afectar a la concesión, para la que ya ha solicitado una prórroga al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Suspensión
Al margen de las interpretaciones legislativas, el reglamento de la nueva Ley de Costas podría dejar en suspenso la petición de la pastera para ampliar su estadía en Lourizán pues, según reza la norma, las prórrogas se concederán «siempre que no se esté tramitando un procedimiento de caducidad del título concesional, en cuyo caso se dejará en suspenso».
De declararse este supuesto, significaría un aplazamiento de todo el proceso ligado a la prórroga, para el que el Estado está pendiente de recibir una notificación de alguna de las partes implicadas. «No hace falta que Ence vuelva a presentar solicitud de prórroga, pero sí una comunicación para reactivar el proceso», informaron ayer responsables del Ministerio.
Las fuentes consultadas desconocen el tiempo que podría transcurrir hasta resolver el expediente de caducidad. Los únicos márgenes confirmados son que la Xunta dispondrá de tres meses para emitir un informe ambiental «determinante» y que el departamento estatal dispondrá de seis meses «para concluir el procedimiento de concesión», confirmaron los responsables del Ministerio.
Dado que es una industria, la prórroga solicitada al amparo de la nueva Ley de Costas podrá tener una duración de 50 años.
