PONTEVEDRA. Ni un centímetro más ni un centímetro menos. Los vecinos de A parda exigen una distancia de 500 metros entre sus viviendas y los posibles crematorios que se puedan construir en el barrio.
Sus reclamaciones se centran en el proyecto de Funespaña, que prevé abrir un complejo fúnebre detrás del cementerio de San Amaro. La modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que está en marcha para regular la instalación de hornos incineradores parece dejarle vía libre; "y no está a 500 metros, sino a unos 200 de las primeras viviendas", alertó ayer una de las portavoces de los vecinos, Loli Castro.
La afectada se siente "defraudada" por el cariz que están tomando los hechos. Según dice, no comparte que la prohibición de los crematorios se haga "en función del tipo de suelo" y no por la distancia entre las instalaciones y las residencias. "Se están olvidando de los derechos medioambientales y sanitarios de los ciudadanos", advirtió.
Castro espera conocer en breve la modificación del plan, de la que dependen los acontecimientos futuros. Si el Concello opta por instaurar una franja de protección de 500 metros, se retirará a su casa y dará por cerrado el último capítulo. Sin embargo, si finalmente el proyecto de Funespaña sigue adelante, "volveremos a retomar las protestas".
Sea cual sea la resolución, el portavoz del PP, Jacobo Moreira, se comprometió ayer a secundar las reivindicaciones vecinales. "Nos dijo que el PP siempre va a ir a favor de los ciudadanos", afirmó Castro, tras una reunión mantenida con el 'popular'.
Dicho compromiso parece obviar un matiz en el que insisten los socialistas: "que Moreira votó a favor" del Plan Especial que parece garantizar la viabilidad del proyecto de Funespaña.
