A pocos se les escapa que las autopistas lusas se prestan especialmente a la picaresca española, por carecer de barreras reguladoras del tráfico: cualquiera puede pasar aunque no abone el peaje correspondiente. Ahora bien, esta práctica hasta ahora tan extendida puede tener los días contados, ya que las concesionarias de las autopistas portuguesas llevan ya varios meses remitiendo cartas que reclaman supuestos impagos de ciudadanos españoles. Las cuantías varían en función de la infracción y del número de las mismas.
Hasta aquí es todo normal, como subraya el presidente de la Asociación de Transportistas de Pontevedra, Ramón Alonso: «Igual que a nosotros no nos gusta que un portugués se vaya sin pagar las autopistas, a ellos tampoco», afirma.
Sin embargo, no es el fondo lo que preocupa a las asociaciones, sino la forma en que se reclaman los impagos. Los conductores afectados por esta campaña de reclamaciones reciben una carta por correo ordinario, con la firma de la concesionaria de las autopistas portuguesas (Brisa) y de la entidad en la que delegan el cobro (Gesphone).
Carta
En esta misiva (reproducida en la foto) se informa al supuesto infractor de que adeuda una cantidad determinada por circular por la red de autopistas sin abonar el correspondiente peaje, y se le facilita una página web para que, introduciendo la matrícula del vehículo y una contraseña que la propia carta señala, proceda al pago de la cantidad reclamada más una tasa de 25 euros en conceptos de gastos de identificación del vehículo. «Utilice las autopistas portuguesas con tranquilidad», dice la misiva antes de saludar atentamente y quedar a la espera de respuesta por parte del conductor. Solo en Pontevedra han recibido esta notificación 5.000 conductores, que según la empresa encargada del recobro adeudan un suma aproximada de 2,6 millones de euros.
Lo más llamativo del asunto es que «ni Brisa ni Gesphone son competentes para solicitar ningún cobro a conductores españoles, por varios motivos», dice el presidente de Automovilistas Europeos Asociados, Mario Arnaldo. La AEA es una asociación sin ánimo de lucro dedicada a defender los intereses de los conductores frente a acciones como esta.
«En primer lugar, saltarse un peaje en Portugal es una infracción tributaria, no administrativa, por lo que son las instituciones lusas las que deben encargarse de hacer efectivas las sanciones», afirma Arnaldo. Sin embargo, «lo más preocupante no es eso. A Automovilistas Europeos nos preocupa más cómo puede ser que una empresa privada, como es la concesionaria de las autopistas del país vecino, tiene acceso a los datos de un vehículo español, incluyendo matrícula, nombre y apellidos del conductor y domicilio del mismo».
En efecto, la normativa europea prevé que los países miembros colaboren en casos muy concretos relacionados con la seguridad vial, pero el impago de un peaje no se encuentra entre estos supuestos. Solo se contempla que un vehículo extranjero pueda ser identificado en caso de exceso de velocidad, alcoholemia o semáforos no respetados. «Es llamativo que la DGT esté facilitando estos datos a estas empresas portuguesas», dice Arnaldo, «sobre todo porque cada solicitud debe estar debidamente justificada y tiene un coste que ronda los ocho euros, y dudo que estén pagando ese coste».
En todo caso, y aunque la forma de reclamar estas cantidades no sea la que estipula la ley portuguesa y las directivas comunitarias, es cierto que quien la hace la paga. «No estamos diciendo que no haya que responder por estas infracciones -matiza-, pero no nos parecen formas. Es como mandar al cobrador del frac a reclamar una multa de tráfico».
Prescripción
Aparte de estas deficiencias de procedimiento, en muchos casos (y aun siguiendo el proceso legalmente establecido) la administración lusa no vería ni un euro de los conductores españoles. Esto es así porque las infracciones de tráfico tiene un plazo determinado de prescripción. Las que se cometieron con anterioridad a 2012 prescriben a los dos años, y las posteriores a esa fecha a los cinco.
Como anota Juan José Gil, secretario general de la Federación Nacional de Transporte de España (Fenandismer), «están llegando cartas por hechos sucedidos en 2008, y aparte de que no nos parece correcto remitirlas ahora, la posible infracción ha quedado ya prescrita». Por ello, recomiendan a los afectados «no entrar en ningún caso en la página web facilitada y requerir asistencia jurídica antes de realizar ninguna acción para evitar pagos innecesarios».
Otro de los casos en los que no es justificable reclamar el pago del peaje es el de los vehículos de segunda mano. Sirva como ejemplo un particular que adquiere un vehículo usado en mayo de 2012, con el correspondiente cambio de titularidad a todos los efectos. Si el anterior propietario se saltó los peajes portugueses antes de esa fecha, es el nuevo dueño del vehículo quien recibe la carta que reclama el cobro de una irregularidad que él no cometió.
Pese a que según Gil «no es obligatorio» el abono de estas cantidades, sí se ha cometido una infracción y las autoridades lusas están facultadas a actuar contra el vehículo y su propietario. «No sabemos si pueden inmovilizar el vehículo si se vuelve a tierras lusas sin haber pagado la multa, ya que aún no se está llevando a cabo esta medida, pero siempre recomendamos obtener asistencias jurídica por si acaso».
Errores
Pese a las informaciones aparecidas en los últimos días que afirman que la cantidad reclamada puede superar con mucho a la cantidad realmente impagada, lo cierto es que muchos de los casos más llamativos se deben a errores en el sistema de notificación. Es el caso de un conductor que recibió una misiva reclamando 250 euros en concepto de tasas y 25 en concepto de peajes impagados: dos semanas más tarde recibió otra carta reconociendo el error e informando correctamente de la supuesta deuda, que ascendía casi a 300 euros: se habían intercambiado los conceptos.
Por el momento solo se están recibiendo notificaciones por impago de peajes de autopistas, aunque las distintas asociaciones alertan de que las llamadas ex-Scuts (las famosas autovías de pago portuguesas) también pueden ser objeto del «afán recaudatorio» de las autoridades lusas, que «no tienen personal suficiente para atender todas las situaciones que se producen y por eso envían estas misivas», dice Mario Arnaldo.
Procedimiento: La vía correcta para reclamar estos importes
Pese a la irregularidad de la actuación de las concesionarias, que no están facultadas para reclamar ninguna cantidad a ciudadanos españoles, la infracción existe y de acuerdo a la normativa europea puede ser reclamada.
Debe ser la institución lusa encargada de las infracciones tributarias quien reclame el cobro mediante procedimientos oficiales, como el correo certificado. Mientras el conductor no reciba la misiva oficial por este procedimiento, el pazo de prescripción continúa corriendo al no poder demostrar que la carta ha sido correctamente entregada a su destinatario.
