Preferentistas piden a la Fiscalía que investigue las multas impuestas por "represalia"

La plataforma de afectados do Baixo Miño se concentró en apoyo a uno de sus miembros citados a juicio, que recurre una sanción impuesta en 2013 por intentar acceder al pleno del Concello de O Porriño

La Plataforma de afectados por las preferentes do Baixo Miño pidió a la fiscalía de Pontevedra que "investigue qué se esconde detrás" de las multas que les impusieron como "represalia" ya que aseguran que "aquí hai algo oscuro, algo raro".

"Si una injusticia fue el tema de las preferentes, también es una injusticia en un Estado de Derecho que se presione a los ciudadanos utilizando las fuerzas de la orden", declaró este miércoles durante una concentración en Pontevedra o portavoz deste colectivo, Xulio Vicente.

Este colectivo asegura ser "represaliado por las distintas administraciones públicas gobernadas por el PP", mediante multas y sanciones administrativas que se les impusieron, según denuncian, "injustamente" a preferentistas por participar en "actos pacíficos de protesta".

Este miércoles la plataforma convocó una concentración ante el Juzgado del Contencioso Administrativo de Pontevedra en apoyo a uno de sus miembros que estaba citado a juicio, Avelino Guisande, sancionado durante una protesta llevada a cabo el 30 de septiembre de 2013, durante un pleno del Concello de O Porriño.

Según explicó el propio Guisande, ese lunes por la tarde, un grupo de afectados que pretendía asistir a la sesión plenaria, no pudo acceder al ayuntamiento después de que agentes de la Policía Local les comunicasen que el auditorio estaba casi completo y que solo se permitiría acceder a una pequeña representación.

Ante eso, Avelino Guisande recordó que gritó a los agentes: "o entramos todos o ninguno". Sus palabras fueron coreadas por los presentes, que finalmente decidieron no entrar al salón y concentrarse ante la puerta principal del Concello expresando sus protestas.

"Después de unos días y sin que nadie me pidiese una identificación en aquel momento, me llegó a casa una multa de cien euros de la subdelegación del Gobierno", explicó Guisande. "Eu non cometín ningún delito", apuntó.

El portavoz de la plataforma señaló que la singularidad de esta sanción radica en que el alcalde de O Porriño en aquel momento era Nelson Santos (PP), "que era director de banca y debió mostrar una mayor sensibilidad hacia los estafados ya que conocía mejor su drama", sostuvo.

A día de hoy, a falta de otras cinco multas pendientes de juicio, los afectados por preferentes ganaron 31 recursos interpuestos a las sanciones que les fueron llegando y perdieron en dos causas. "Y estamos pendientes de otras ocho sentencias", apuntó Xulio Vicente.

Además, numerosas causas prescribieron en la vía administrativa. Según Xulio Vicente, trátase de "casos de sanciones a personas ya fallecidas", o de afectados con discapacidad acusados de emplear objetos contundentes en el trascurso de una protesta.

Comentarios