La Asociación nacional para la acción solidaria, que preside en Pontevedra Magaly Fagilde, anunció hoy que promoverá actuaciones judiciales junto a diversos colectivos de afectados contra diversas entidades privadas que conceden préstamos sin estar autorizadas y a las que esta organización acusó de quedarse con propiedades de gran valor "como si fueran gangas".
Nuevos afectados por este tipo de operaciones contactaron con la representante de esta asociación, después de que ésta denunciase el de la vecina de Salcedo (Pontevedra) Digna Pastoriza Sobral, sobre la que pesa una orden de desahucio por un préstamo que no pudo devolver a Inversiones Intermundiales.
Fagilde estimó que el número de afectados en Galicia supera las 3.000 personas y aseguró que en todos los casos "se repite la historia". Algunos de ellos comparecieron hoy en rueda de prensa para exponer las operaciones de unificación de créditos, deudas, retroventa y embargos, que consideran de dudosa legalidad.
El portavoz en Vigo de la Confederación de Afectados por Estafas Inmobiliarias (Cafines), Antonio González, lamentó que las denuncias se suceden en los juzgados pero acaban siendo archivadas por una "dejación de funciones" de jueces y fiscales.
"Fraude, estafa y blanqueo" son los supuestos delitos que, según Fagilde y González cometen "de forma totalmente impune" estas entidades que actúan como prestamistas, "sin que a nadie le preocupe de dónde salen y a dónde van a parar las millonarias cantidades de dinero que mueven, en perjuicio de miles de ciudadanos", aseguraron.
