Las tres empresas propietarias del tanatorio contiguo al Hospital de Montecelo (Pontevedra), derribado por la Xunta en 2010 por orden judicial, han demandado a la administración gallega por 3,4 millones de euros ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
Alianza y Barros, Central Funeraria y Pompas Fúnebres fueron denunciadas por un vecino por la edificación del tanatorio en suelo rústico, al que el Tribunal Supremo acabó dando la razón.
Las empresas, que contaron con un permiso de Política Territorial para levantar el inmueble en 1993, reclamaron la misma cantidad administrativamente en concepto de daños y perjuicios tras emitirse la orden de derribo.
Tras el rechazo de la Xunta a abonar el importe, han llevado la cuestión a los tribunales. Las funerarias aducen que la reclamación se rechazó por entrar fuera de plazo, argumento que no comparten.
La sentencia originaria es de 2001, pero el derribo se demoró y no se ejecutó hasta nueve años después, por lo que el plazo de caducidad de la reclamación -de un año- no se habría agotado, según su razonamiento.
Las empresas vienen defendiendo, además, que según los cambios en la legislación ahora mismo sería legal levantar otro centro en el mismo lugar que el anterior, por lo que remitieron al Ayuntamiento de Pontevedra un Plan Especial de Dotaciones y Equipamientos. Ahora piden a la Xunta que opine sobre si el suelo debe ser considerado rústico o urbano.
En los 3,4 millones de la reclamación, las funerarias incluyen el coste del viejo tanatorio y del que eventualmente se construiría.
