La Fiscalía de la Audiencia de Pontevedra ha mantenido la petición de once años de prisión para el guardia civil Javier F.V., un agente de origen asturiano y destinado en el País Vasco, al que se le acusa de un delito contra la salud pública por traficar con cocaína y hachís, mientras que ha reducido la solicitud de condena para los otros siete acusados, después de que todos ellos reconociesen su participación en esta red delictiva.
Durante el juicio que se celebró hoy en la Sección Segunda de la Audiencia pontevedresa, el fiscal defendió que en el mes de abril de 2007, Daniel M.C., funcionario de la Deputación de Pontevedra y originario del concello pontevedrés de Ribadumia, junto con el cabo de la Armada Javier G.B., vecino de Vilanova de Arousa, acordaron con el guardia civil la venta a este último de cinco kilos de cocaína.
Todos ellos fueron detenidos por la Policía Nacional en una operación denominada 'Casona', junto con otras cinco personas. Según el escrito de acusación, los acusados quedaron en Curro (Barro) y en la localidad pontevedresa de Meaño para hacer las pertinentes transacciones de la droga y del dinero, en los que fue detenido, primero el militar, luego el guardia civil, y finalmente el funcionario, con pruebas en todos los casos que los vinculaban a este tipo de actividades ilícitas.
El agente de la Benemérita fue el único que durante la vista oral defendió su inocencia, ya que, a pesar de ser señalado como la persona que había comprado la droga, insistió en no tener ninguna relación con estos hechos, ya que aseguró que ese día "quedé con una chica a la que había conocido por internet", y que de paso le hizo un favor a un amigo, "me pidió que le llevara una mochila, pero no sabía que en su interior había droga", y negó tener relación alguna con esta banda de narcotraficantes.
Por su parte, tanto el militar como el funcionario de la Deputación, que fue suspendido de empleo y sueldo nada más conocerse su imputación en este asunto, reconocieron haber sido los que vendieron la droga, con lo que lograron que la Fiscalía reduciese la petición de cárcel hasta los nueve años de prisión, mientras que los otros cinco acusados se enfrentan a una condena de tres años de prisión por ofrecer su colaboración a esta red en diferentes momentos del proceso.
