Solo uno de los tres acusados de introducir heroína en Galicia asume los hechos

Solo uno de los tres acusados de formar parte de una red que introducía en Galicia heroína y cocaína y que fue desarticulado en la llamada "Operación Jockey" ha reconocido los hechos en el juicio celebrado hoy en la Audiencia de Pontevedra.

R.G.D., sobrino del considerado líder de la trama, J.G.R., admitió que había sido detenido portando en el coche que conducía algo más de 7 kilos de heroína -800 gramos, descontada la sustancia de corte- y que guardó droga "para unos portugueses" en una época en la que por su adicción a la cocaína "estaba muy descontrolado".

Pero tanto M.J.D.S., ciudadano portugués al que la investigación sitúa como el encargado de encontrar a los compradores y vendedores entre Portugal y Galicia, como J.G.R. negaron los hechos.

Ambos aseguraron que solo se dedicaban al comercio de vehículos, puesto que R.G.D. regenta el concesionario en A Guarda de una marca alemana.

M.J.D.S., que ya fue condenado en Portugal por narcotráfico a finales de los noventa y de nuevo en 2010, justificó los numerosos cambios de teléfono móvil -los investigadores requisaron hasta 40 terminales- en que estaba "huido" de su país, por lo que tampoco podía trabajar legalmente.

"Un hombre que mata una vez puede morir sin volver a matar", terció a las preguntas del fiscal sobre sus antecedentes y su ocupación en el momento de su arresto.

En términos similares se expresó J.G.R., que aseguró que tenía las llaves de los arcones de la finca de su familia donde se encontraron 20 kilos de heroína, 148 de sustancias de corte y útiles para el mismo, que se las estaba guardando a su sobrino y que desconocía lo que había en los recipientes.

R.G.D. también arrastra una condena en Alemania por narcotráfico, según admitió él mismo a preguntas del fiscal.

Uno de los ejes de la vista estuvo en la terminología que la Guardia Civil detectó en las comunicaciones intervenidas durante la investigación, referentes al negocio del automóvil pero que realmente se refería a la droga, según explicó el agente del Greco que declaró en el juicio.

Así, cuando los encausados hablaban de "coches", se referían a la droga; si decían "documentos", hablaban en realidad de dinero, y si hablaban de "fotocopia" aludían a las muestras de droga.

La fiscalía puso de manifiesto que en ninguna de estas comunicaciones sospechosas se hablaba de las medidas, prestaciones o el color de los supuestos coches que se vendían, y que muchos de los supuestos compradores tenían igualmente antecedentes por narcotráfico.

La defensa pidió que se anulasen las intervenciones telefónicas por entender que no estaban suficientemente motivadas por provenir de información de las autoridades portuguesas, extremo que el fiscal negó y que la presidenta del tribunal dijo que se dirimiría en la sentencia.

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