Sonia: un caso sin resolver

La hermana de Sonia y su madre, en los Juzgados de A Parda. javi cervera
photo_camera La hermana de Sonia y su madre, en los Juzgados de A Parda. javi cervera

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial ha desestimado el recurso presentado por la familia de Sonia Iglesias Eirín, la joven pontevedresa desaparecida el 18 de agosto de 2010, para lograr que se utilice un georradar para ‘peinar’ el Monte Castrove en busca de posibles restos humanos. La decisión de no admitir el uso de esta tecnología (conocida también como radar de penetración terrestre) había sido adoptada con anterioridad por el Juzgado de Instrucción número 3.

De este modo, el tribunal provincial ha cerrado la puerta a la apertura de nuevas diligencias para aclarar qué sucedió con Sonia. Los familiares de la joven tenían todas sus esperanzas puestas en que, como había vaticinado el magistrado Antonio Berengua, el caso tuviese una respuesta judicial y llegase este año a la Audiencia Provincial.

No obstante, tras la última declaración protagonizada por Julio Araújo, expareja de Sonia Iglesias, a finales de año, la magistrada especializada en violencia de género dio una respuesta negativa al recurso presentado contra su decisión de no admitir la práctica de las diligencias de investigación interesadas por la abogada de la familia, Isabel Martínez.

La medida, ratificada ahora por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial, suponía no solo desautorizar la prospección mediante georradar o radar de penetración terrestre (GPR), sino también una nueva testificación de los funcionarios de Policía encargados de la investigación.

Los rastreos telefónicos realizados por la Policía detectaron que Julio Araújo podría haber efectuado alguna llamada desde la zona del Monte Castrove el día en que la joven desapareció (hace más de tres años), hecho que lleva a la familia a pensar que su cuerpo podría haber sido enterrado allí.

No es un capricho

En su auto de desestimación, la Audiencia Provincial asegura comprender «la angustia de la familia» ante la situación, pero dice no encontrar «motivo o razón alguna que permita concluir que la resolución denegatoria de la jueza instructora carezca de fundamento», o que esta responda a una motivación de carácter «arbitrario, caprichoso o irrazonable».

La decisión judicial supone un fuerte varapalo para la familia de Sonia Iglesias, ya que, desvanecidas las esperanzas de la apertura de nuevas diligencias, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Pontevedra debe analizar ahora si acepta la solicitud del abogado defensor de Julio Araújo, Jesús Santaló, de que se retire la imputación contra su cliente (la única existente hasta la fecha). En este contexto, y trasel balón de oxígeno que supuso la reactivación del caso por parte de la jueza especializada en violencia de género, este podría llegar a archivarse.

La abogada de la acusación llegó a solicitar incluso que se sometiese a Araújo a una prueba neurofisiológica que determinase las respuestas involuntarias de su cerebro (una especie de detector de mentiras que funcionaría sin necesidad de que el imputado tuviese que contestar). La técnica, denominada Prueba de Potenciales Evocados Cognitivos (P300), es utilizada en el ámbito médico, y fue aplicada al ‘homicida de Ricla’ en Aragón.

El auto judicial asegura entender «la angustia de la familia», pero no cree que la resolución de la instructora «carezca de fundamento»

La abogada de la acusación también pidió una nueva testificación de los funcionarios de Policía encargados la investigación

Comentarios