Los tres propietarios de una de las infraviviendas que el Concello de Poio demolió en el poblado gitano de O Vao dedicaban la casa a la venta de cocaína y heroína durante prácticamente las 24 horas del dia y aceptaron una condena para cada uno de ellos de tres años y medio de prisión y multa de 15.000 euros.
En concreto se trataba de la casa número 35 de O Vao de Abaixo que estaba afectada por una sentencia judicial que decretó aquellas polémicas demoliciones que iniciaron un largo conflicto social, después de los realojos de las familias afectadas en Monte Porreiro (Pontevedra), Boa Vista (Poio) y Caritel (Ponte Caldelas).
La demolición de la chabola se ejecutó en noviembre del 2007, pero la operación conjunta de la Policía Local de Pontevedra y la Guardia Civil se desarrolló entre los meses de febrero y junio de aquel año. Fue entonces cuando se reunieron las pruebas contra C.S.S., M.M.S.S., de 51 años, y M.A.J.G., de 41.
La casa fue demolida unos meses después, y sus habitantes realojados dentro del Plan de Erradicación del Chabolismo e integración del colectivo gitano, que no fue bien recibido por vecinos de Pontevedra y Ponte Caldelas argumentando que no querían tener por vecinos a personas que se dedicaban al tráfico de drogas.
En el registro llevado a cabo, los agentes halaron en la habitación de M.S.S. joyas diversas y 2.818 euros en efectivo, mientras que en la cocina-salón trece pastillas de ciclofalina y sustancia "que los acusados empleaban para mezclar con la droga y lograr un mayor provecho económico, anotaciones sobre transacciones de droga y bolsa empleadas para envolver las dosis".
Asimismo, en una segunda chabola fueron decomisados una videocámara, una cámara de fotos digital, teléfonos portátiles, aparatos de música para coche y 2.575 euros, "todo ellos producto de su ilícita actividad". Y en un turismo se incautaron de casi 45.000 euros, algo menos de cien gramos de heroína y unos 49 de cocaína.
Todo ello pasó al Fondo de Bienes Decomisados del Plan Nacional sobre Drogas, así como cinco coches de los acusados comprados con dinero procedente de la venta de la droga.
Inicialmente Fiscalía pedía seis años de prisión, pero hoy un acuerdo propició una rebaja y finalmente fueron condenados cada uno a tres años y medio de prisión y multa de 15.000 euros.
