La aldea de Bugarín (Cerdedo) se ha convertido en un polvorín. La Guardia Civil la visita casi a diario (algunos días ha ido hasta media docena de veces) y las interminables denuncias entrecruzadas entre ocho familias, por una parte, y otras dos, por otra, son de tal calado que algunos temen una desgracia. Con apenas una veintena de habitantes, la disputa por la propiedad del monte y una masiva tala de árboles en el mismo (decenas de pinos de entre 30 y 40 años de antigüedad) ha desatado tal polémica que hace unos 15 días una de las personas que firma la demanda contra la Comunidade de Montes del lugar y uno de los demandandos se enfrentaron a golpe de machete, según señalan fuentes solventes.
De hecho, ya se produjeron varios episidios de violencia, según consta en la denuncia presentada en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 por ocho vecinos contra la citada comunidad que, desde 2012, solo forman dos personas y que funciona, «de forma ilegal» como una asamblea, extremo que la representante legal de ésta, Sofía Patricia Remiseiro, niega rotundamente. Ésta afirma que «la tala es absolutamente legal» y que «ellos abandonaron la comunidad, nos acosan y hay una querella criminal presentada y otra denuncia por amenazas de muerte».
En 2012, según consta en la denuncia de las ocho familias, dos de los tres directivos de la Comunidade de Montes de Bugarín (que fue constituida en 1995), Aurelio Otero Barros, en calidad de presidente, e Isaura Corbal Villar decidieron en una asamblea «de forma unilateral» la expulsión de «todos aquellos comuneros que según el disparatado criterio de esos dos directivos no cumplían con unos requisitos».
Cinco miembros
La Comunidad de Montes quedó entonces reducida a cinco personas. Según la demanda, no se esgrimieron motivos concretos y ni siquiera se incluyó en el orden del día de la asamblea la expulsión de un grupo de comuneros, sino un punto genérico de «altas y bajas». Es más, los denunciantes afirman que «el resultado de aquella asamblea nunca se notificó personalmente a los comuneros afectados» y tres de ellos, Manuel Comesaña Fernández, Epifanio Canabal Garrido y Dolores Espiñeira Paz, ni siquiera se encontraban en dicha reunión. «No hubo debate ni explicación de ningún tipo -señala la denuncia- ni el acuerdo de expulsión se sometió a votación «aún cuando el resto de comuneros presentes no estaban de acuerdo con semejante arbitrariedad y abuso de poder de la junta directiva».
En julio de 2013, tres de los cinco miembros que quedaban en la Comunidade de Montes, Atilano Barros Nieto, Carmen Rodríguez Barreiro e Isaac Obelleiro Castro, solicitaron la baja como comuneros. Según la extensa demanda -consta de 28 folios-, lo hicieron «como medida de presión» ante las dos personas, ahora demandadas (pero también denunciantes en múltiples ocasiones contra algunas de estas ocho familias).
Así pues, desde el 8 de julio del año pasado, dicha entidad está formada solo por Aurelio Otero e Isaura Corbal, a los que los ocho demandantes acusan de intentar apropiarse de un monte que es comunal, de todos los vecinos, cuya condición como tales acredita su abogado, aportando certificaciones de empadronamiento en Bugarín, recibos de suministros de servicios y otros documentos.
El letrado de las ocho familias, Andrés Méndez González, sostiene que el hecho de que la Comunidade de Montes de Bugarín funcione como una asamblea general «es cuando menos alarmante, a la par que irregular». Asegura que de las aproximadamente 750 Comunidades de Montes en Man Común de Galicia solo dos -la de Bugarín y otra en el sur de la provincia- mantienen este «irregular» sistema de funcionamiento.
Los demandados afirman lo contrario: que unos se dieron de baja y otros, sencillamente, no viven en Bugarín, sino en Pontevedra y Vigo.
