La asociación de propietarios de montes Ventonoso y el sindicato Unións Agrarias (UU.AA.) han advertido este viernes en Pontevedra de la pérdida en la provincia de casi 4.800 empleos asociados al sector eólico.
El secretario de Desarrollo Rural de UU.AA., Jacobo Feijoo, ha asegurado que ''la eliminación de las primas a la energía eólica suponen el fin del concurso eólico convocado por el gobierno Feijóo en la presente legislatura'', ya que, añade, ''al quedar los parques pontevedreses adjudicados en ese concurso fuera del registro de preasignación del ministerio, hará que en la práctica las empresas eólicas desistan tanto de su ejecución como de la de las inversiones empresariales''.
Así, UU.AA. advierte del ''hundimiento'' del sector eólico galego. Según sostiene, el problema está en que antes había un escenario energético y empresarial que no se va a dar porque el cambio de normativa anula las ayudas financieras a las energías verdes, ya que el 80% del capital procedía de entidades crediticias, o grandes financieras, con lo que no va a haber instalaciones de parque eólicos en Galicia a corto y medio plazo.
Según los datos facilitados este viernes, sólo en la provincia de Pontevedra quedaron fuera del Registro de preasignación 38 parques, sumando 803 MW de potencia eólica, equivalentes casi la una potencia de una central nuclear de 1.000 MW, según precisa.
De ellos 28 parques, sumando 698 MW, se corresponden con el concurso eólico de la Xunta convocado en esta legislatura en el año 2009, cinco pequeños parques sumando 35 MW de proyectos eólicos anteriores al concurso, y otros cinco parques que suman 70 MW, los pendientes de Planes Eólicos Empresariales.
INVERSIÓN
El presidente de Ventonoso, José Antonio Diéguez, ha indicado que, según los propios datos de la Xunta cuando presentaron el concurso eólico, cada megavatio de potencia eólica suponía la inversión directa de 1,9 millones de euros, y llevaba asociado 2,3 millones de euros de inversiones industriales asociados, a ejecutar por las empresas a las que se le concedieron los parques de manera compensatorio.
Estos datos para la provincia de Pontevedra supondrían que están amenazados 1.525 millones de euros en inversión en los propios parques, 1.847 millones de euros de inversiones privadas en proyectos empresariales e industriales, y 4.800 empleos industriales, y asociados a la industria energética.
Unións Agrarias quiere advertir que, al menos 750 de esos empleos comprometidos, se habrían creado en el rural de la provincia de Pontevedra, que ya ha perdido 4.200 empleos en el sector primario en los últimos tres años.
En cuanto a los 35 ayuntamientos rurales de la provincia afectados, dejarían, según UU.AA., de recaudar en las arcas de la Xunta, hasta 20 millones de euros en concepto de impuesto eólico, ''y todo esto en un momento en el que apenas pueden cubrir nóminas y servicios sociales por falta de dotación presupuestaria''.
Estos portavoces añadieron que el Real Decreto Legislativo del Gobierno, eliminó igual las primas a la energía producida con biomasa, y dado que los 80 MW de los proyectos previstos en Galicia, adjudicados en la época del Gobierno bipartito, no están en el preregistro del ministerio, quedarán sin primas, ''y seriamente comprometidos en su ejecución''.
En la provincia de Pontevedra supondrá que sea muy complicado que salgan adelante los proyectos de Energías Renovables de Galicia en Forcarei, Energía Gallega de la Biomasa en Ponteareas, y Monte Limpio SA de Barro-Meis.
''NUEVO GOLPE''
''Esto supone un nuevo golpe para el desarrollo rural de la provincia y las posibilidades de gestionar sosteniblemente el monte, reduciendo el peligro de incendios forestales mediante la gestión idónea de la biomasa'', ha dicho el portavoz del sindicato.
El presidente de Ventonoso, además, ha advertido de que el parón eólico supondrá una pérdida de ingresos, en concepto de rentas y alquileres de los montes, de unos 2.9 millones de euros al año para los propietarios y comunidades de montes afectados por el parón del desarrollo de los parques.
También avisa a propietarios y comunidades de montes de la provincia de Pontevedra para que no firmen propuestas de contratos que les ofrezcan las empresas, hasta que se aclare el futuro escenario de los parques, ya que supondría en la práctica suscribir cheques en blanco las empresas, sin tener ninguna contrapartida económica.
