El arzobispo de Santiago conocía los problemas de las funerarias con el párroco de Lérez

Una familia presentó una reclamación ante Julián Barrio por la negativa del párroco a cobrar un cheque de una empresa como pago de un funeral y fijar la fecha para una misa por una fallecida
Un momento del entierro el sábado pasado en Lérez
photo_camera Un momento del entierro el sábado pasado en Lérez

Varias empresas funerarias alertaron ayer de que el Arcebispado de Santiago conocía desde hace meses las presuntas irregularidades que suceden en la parroquia del Divino Salvador de Lérez respecto al cobro por la prestación de servicios funerarios, después de que el pasado sábado se produjese una polémica situación cuando el cura, Crisanto Rial, se negó a oficiar el funeral de un feligrés después de que la empresa y la familia del difunto rechazaran pagarle en mano y sin recibos o facturas de por medio. La misa de despedida se celebró en Caldas.

«O Arcebispado de Santiago de Compostela coñece desde hai meses o conflito xerado por un indeterminado número de curas ao pretender cobrar pola prestación de servizos funerarios por medios completamente opacos e sen emitir as preceptivas facturas», explicó ayer la empresa implicada en este caso, Alianza y Barros, en un escrito firmado por su gerente, Fernando Gutiérrez.

En el caso concreto de Lérez, al margen de las denuncias expresas que puedan haber cursado otras firmas del sector, Alianza y Barros transmitió el 10 de diciembre de 2014 al arzobispo, Julián Barrio, que el sacerdote mantenía que, dado que estaba jubilado y cobraba una pensión, no quería que quedara «ningún rastro» del dinero percibido por su trabajo.

Específicamente, la compañía funeraria matizaba que el párroco solo quería el pago en metálico «e dicía que non emitiría ningún xustificante válido». Asimismo «ameazaba, ademais, con acudir aos particulares, dado que eles non lle pedían xustificante, e con diminuír a calidade dos seus servizos en relación a aqueles outros que si lle abonaban outras empresas en efectivo».

Días más tarde, el 22 de diciembre, el gerente de Alianza y Barros volvió a dirigirse al arzobispo en relación con el párroco de Lérez y a su negativa para concretar el día para la celebración de una misa en memoria de una difunta, esposa de un feligrés, a los seis meses de su fallecimiento. «O cura alegaba que non se lle abonaran os funerais deste óbito, cando en realidade o que estaba a ocorrer era que se negaba a que o pago se realizara por medios bancarios, dado que a súa pretensión era cobrar dun xeito totalmente opaco á Axencia Tributaria», denuncia Gutiérrez.

sin respuesta. Susana Canosa, hija de este feligrés, explicó la situación en los mismos términos que la empresa. «El cura dijo que la funeraria no le había pagado el funeral, pero no era así. Me dijeron ‘tenemos aquí el cheque y se niega a cobrarlo. Quiere el dinero en metálico para que tributar en Hacienda’. Y mientras, insistiéndole a mi padre y negándose a poner fecha a la misa de los seis meses». La familia Canosa interpuso una reclamación ante el Arcebispado en diciembre de 2014 y todavía no ha obtenido respuesta.

Alianza y Barros fue una de las empresas del sector que suscribió un escrito dirigido a Julián Barrio en junio de 2014 denunciando este tipo de prácticas y solicitando el pago mediante medios bancarios para ajustarse a la ley.

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