El brutal parón de la actividad económica motivado por la declaración del estado de alarma ha derivado en que, desde el lunes hasta el miércoles, las compañías gallegas han presentado 630 expedientes de regulación temporal de empleo (Erte) para enviar a sus casas por un tiempo a un total de 5.187 trabajadores o reducir su jornada. En la provincia de Pontevedra, los ajustes en tramitación son ya 109 y los afectados, 674.
Las cifras irán en aumento al entrar este miércoles en vigor el decreto de medidas urgentes para hacer frente al impacto económico de la pandemia aprobado el martes por el Gobierno, que agiliza la tramitación de los Erte.
REQUISITOS. El objetivo es evitar despidos en un país que ya carga con 3,19 millones de parados. Para ello, los empresarios y autónomos con asalariados que se acojan a esta vía deberán "mantener el empleo durante seis meses" al volver a la actividad.
Las pérdidas que ocasione el Covid-19 "tendrán la consideración de fuerza mayor" a la hora de aplicar un Erte, dando amparo a las situaciones de cierre o caída de la actividad derivada de la limitación de la movilidad, la "falta de suministros", el contagio de la plantilla o el aislamiento preventivo decretado por sanitarios.
Para iniciar el ajuste, la empresa presentará una solicitud ante la autoridad laboral y los sindicatos con un informe que exponga el impacto de la pandemia y "documentación acreditativa". A partir de ahí, la Administración tendrá cinco días para resolver, "limitándose a constatar la existencia de la fuerza mayor" alegada por el patrón. Este decidirá "sobre la aplicación" de las suspensiones de contratos o reducciones de jornada, que surtirán efecto "desde la fecha del hecho causante". La Autoridad Laboral podrá, como mucho, pedir un informe a la Inspección de Trabajo.
En los Erte por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción la negociación con los sindicatos no podrá extenderse más allá de siete días, frente a los 15 actuales, y la Inspección de tendrá otros tantos para informar.
REDUCCIÓN DE CUOTAS. Las compañías que apliquen un Erte estarán exentas del pago del 75% de la parte de las cotizaciones que deben abonar, una ratio que se elevará al 100% para las que, a 29 de febrero, tenían menos de 50 trabajadores. Esto no afectará al asalariado, pues el periodo contará como cotizado.
TODOS COBRARÁN EL PARO. El decreto garantiza el acceso a la prestación contributiva a todos los afectados, aunque carezcan del tiempo de cotización necesario. Para los que sí hayan generado el derecho, los meses en los que ingresen la ayuda "no computarán a efectos de consumir" el tiempo que hubiesen consolidado. Tanto esta medida como la rebaja de las cotizaciones se extenderá a los Erte "comunicados, autorizados o iniciados con anterioridad" a la entrada en vigor del decreto, siempre que deriven del virus. En cambio, no verán acortada la tramitación.
Los trabajadores no tendrán que hacer ninguna gestión en las oficinas públicas de colocación, pues el Sepe les dará de alta automáticamente en el paro al notificarlo la empresa. La prestación será abonada a finales de mes. De media, en Galicia la ayuda contributiva se situó en febrero en 827,6 euros, cuando había 94.683 beneficiarios.
