La cascada de efectos colaterales desatada por la invasión rusa a Ucrania ha reactivado la petición de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (Erte), un instrumento que, en situaciones excepcionales, permite a la empresa suspender contratos y reducir jornadas laborales de manera provisional.
Según datos facilitados por la Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, desde el pasado 24 de febrero, fecha en la que se considera que comenzó la guerra al Este de Europa, hasta la actualidad, 142 empresas de la provincia pontevedresa han solicitado un expediente de estas características. En el conjunto de peticiones se vieron implicados 4.812 trabajadores aunque, según subrayan fuentes de la Consellería, las cifras se refieren solo a peticiones, por lo que el número real de afectados podría ser diferente. En algunos casos porque los expedientes no se aprueban, en otros porque se decide no aplicar las medidas a la totalidad de la plantilla y en unos cuantos porque al final, pese a tener luz verde, la empresa decide no activarlo.
Los sectores que cursaron más peticiones para aprobar un Erte fueron servicios (47 solicitudes), industria (39) y transporte (15). ¿Motivos? Las estadísticas no entran a valorar las razones de estas demandas, pero la crisis de suministros, los precios de la energía y los costes del carburante son ahora mismo dos de las principales amenazas que encara la patronal.
Tipos de Erte
La inmensa mayoría de los expedientes solicitados (135 de los 142) fueron Etop, es decir, expedientes tramitados por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, los cuales dan pie a una reducción de jornada o a la suspensión de la relación laboral.
El 95% de los Erte para los que se pidió autorización fueron Etop, solicitados por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción
Los siete restantes fueron por causas de fuerza mayor, un tipo de Erte que fue mayoritario y masivo cuando la covid obligó a cerrar empresas, reducir horarios y recortar aforos. El pico llegó en primavera de 2020, el primer año de pandemia, en el que casi 100.000 trabajadores de la provincia se llegaron a ver afectados por un expediente de regulación.
Las previsiones económicas que apuntan hacia un nuevo episodio de recesión podrían hacer resurgir este tipo de instrumentos, pero actualmente el grado de incidencia de los Erte es bastante inferior al de hace dos años.
Según la base estadística del Ministerio de Trabajo y la Seguridad Social, en junio (último dato disponible) había en la provincia 123 trabajadores regulados por un Erte, de los que 99 son hombres y 24 mujeres.
El 90% de los empleados afectados se encontraban en ese momento sin trabajar (debido a la suspensión de contrato), mientras que el 10% restante contaban con un Erte de reducción de jornada.
Concursos
Otro dato a tener en cuenta: En los primeros ocho meses del año 40 empresas de la provincia entraron en concurso de acreedores, un procedimiento jurídico que, en este caso, pretende resolver los problemas de insolvencia de un negocio tratando de esquivar el cierre y, saldar el máximo posible de deudas.
El comercio lidera, con 13 concursos, el ranking de sectores que más recurrieron a esta figura, seguido de la construcción y actividades inmobiliarias (8), la industria (7) y la hostelería.
El comercio lidera el ranking de sectores que más han solicitado concurso, seguido de la construcción y la industria
La cifra la aporta Informa D&B, una firma especializada en la información comercial y financiera que acaba de presentar un estudio sobre concursos y disoluciones en las comunidades autónomas del país. Entre ellas se encuentra Galicia donde, según este informe, se contabilizaron entre enero y septiembre de este año 166 concursos empresariales, un 6% más que el mismo período del año anterior, y 1.054 liquidaciones de empresas, un 10% menos que hace un año en ese mismo intervalo.
