Dos de cada diez empresas y autónomos de la provincia han solicitado una de las líneas de avales que puso en marcha el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para capear los efectos de la covid. Concretamente, lo han hecho 15.745 firmas que, desde la irrupción del coronavirus y hasta el 28 de febrero de este año (último dato disponible), han solicitado 25.034 préstamos a los bancos con el aval de las arcas públicas.
Como resultado, el tejido empresarial de la provincia recibió en los últimos dos años una inyección de liquidez de 2.372 millones de euros, de los que 1.831 han sido avalados por el ICO.
¿Qué tipo de empresas se han endeudado?
Las estadísticas oficiales no entran a desglosar el perfil de las sociedades que han pedido estos créditos a nivel provincial, pero según deja ver el ranking nacional los sectores que más se han endeudado para sortear los efectos colaterales coronavirus han sido los de turismo, ocio y cultura; construcción e infraestructuras; servicios empresariales y administrativos, bienes de consumo; distribución comercial de alimentos y bebidas; agricultura, ganadería y pesca y transporte y logística.
Además, cabe destacar que aproximadamente el 90% de las empresas solicitantes están gestionadas por autónomos y micropymes que cuentan con una plantilla de menos de 10 trabajadores y que han solicitado más del 70% del total de las operaciones.
Tanto en este caso como en el de las grandes compañías, responsables del Instituto de Crédito Oficial subrayan que este tipo de líneas crediticias han sido fundamentales en tiempos de pandemia, ya que "en un escenario de incertidumbre excepcional han permitido que muchas empresas pudieran tener acceso a crédito".
¿En qué se caracteriza un préstamo ICO?
La característica fundamental de este tipo de préstamos es que la financiación la concede el banco, pero a diferencia de un crédito convencional, el aval es aportado por el Estado y, particularmente, por el ICO. El paraguas estatal cubre hasta el 80% de la financiación, de modo que si el crédito resulta impagado el Estado es el que debe responder en esta proporción.
El tipo de interés y las condiciones son impuestas por la entidad bancaria, si bien la Administración obliga a cumplir cierto tipo de requisitos. Entre ellos, los relacionados con los plazos de carencia (durante los que solo se abona el tipo de interés).
¿A qué se debe destinar este tipo de créditos?
La financiación obtenida debe emplearse exclusivamente a alguna de las finalidades contempladas en las bases. Entre ellas, la realización de inversiones nuevas (siempre que se hayan realizado a partir del 29 de julio de 2020), la ampliación, adaptación o renovación de las capacidades productivas, o la financiación necesaria para desarrollar la actividad, incluyen en este punto desde el alquiler de maquinaria al pago de salarios, facturas o vencimiento de obligaciones financieras o tributarias.
¿Cuándo se debe empezar a devolver el dinero prestado?
La devolución de las cuotas todavía cuesta más de un quebradero entre los solicitantes de un aval ICO, que han visto como los efectos de la pandemia se han dilatado en el tiempo más de lo esperado y cómo cuando se veía la luz al final del túnel las cosas se torcieron.
El ICO calcula que en el 75% de las operaciones se ha empezado a devolver las cuotas y que el resto tendrá que empezar a hacerlo en los próximos tres meses. No obstante, existe una última "ventana": el último acuerdo del Consejo de Ministros, que permite ampliar la carencia en seis meses, sobre todo a empresas de los sectores más afectados por la situación actual, como son la agricultura, pesca y ganadería o el transporte.
¿Se pueden seguir solicitando este tipo de ayudas?
El inicio de los créditos covid se sitúa en 2020, cuando el Gobierno aprobó dos reales decretos (8/2020 y 25/2020) con los que se puso en marcha dos líneas de avales por valor de 140.000 millones.
El grueso de las peticiones se tramitó en el primer año de la pandemia, si bien este tipo de ayudas todavía pueden ser solicitadas hasta junio de 2022, que es cuando termina el marco temporal dictado por la UE.
