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El 20% de los pontevedreses afectados por un Erte sigue sin incorporarse a su trabajo

Una camarera sirviendo a unos clientes.
Una camarera sirviendo a unos clientes.
Trabajo cuantifica en la provincia 15.258 personas que continúan afectadas por expedientes de fuerza mayor y otras 2.722 por causas económicas

Dos de cada diez trabajadores de la provincia afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (Erte) alentado por la pandemia siguen sin incorporarse a su puesto de trabajo. La falta de actividad o de demanda en su área de operaciones les emplaza a seguir esperando turno en casa, con la pérdida salarial y la incertidumbre que eso significa.

Así se desprende de los datos facilitados a este periódico por el Ministerio de Trabajo, cuyo último balance arroja que en Pontevedra continúan 15.258 personas afectadas por un Erte por fuerza mayor (ahora convertidos en expedientes de transición) y otras 2.722 por un Erte de causas económicas, técnicas, organizativas y de producción (Etop).

La suma deja en la provincia un saldo de 17.980 asalariados bloqueados por un Erte, que representan el 21% de los cerca de 85.000 trabajadores que se han visto afectados hasta la fecha por este tipo de expedientes aprobados al calor del coronavirus. El 80% restante se ha reincorporado o finalizado el contrato.

Los sindicatos advierten de que hay trabajadores que están siendo despedidos de forma irregular por firmas beneficiarias de ayudas a la covid-19 y otros que realizan jornadas "fantasma"

DESPIDOS. Los datos del Instituto Galego de Estatística (Ife) reflejan que la provincia pontevedresa alcanzó en junio los 332.620 cotizantes, casi 16.000 más de los que se contabilizaban en abril, pero 11.776 menos respecto al mismo mes del año pasado. Los números arrojan una caída interanual de la afiliaciones del 3,4%, la misma bajada que registró la comarca, que cerró el mes pasado con 42.331 cotizantes.

En el ayuntamiento capitalino la reducción fue más leve, del 2,8%, dejando el total en 28.257 afiliados, pero es una cifra que, al igual que las anteriores, exige matices. Más del 90% de los contratos formalizados en los últimos meses son temporales y, según alertan las fuerzas sindicales, empiezan a trascender denuncias de la clase trabajadora por despidos que vulneran las condiciones impuestas por el Ministerio de Trabajo, así como por jornadas fantasma, que superan el horario oficial.

El secretario intercomarcal de UGT de Pontevedra, Arousa y Deza, Ramón Vidal Trillo, afirma que su sindicato está recibiendo quejas de trabajadores despedidos por empresas acogidas a los Erte vinculados a la covid-19, en los que se vetaron las rescisiones de contratos en los seis meses posteriores al expediente. "Unos despidos que, obviamente, nosotros calificamos como improcedentes".

El sindicalista explica que el sector servicios "sigue afectado de forma muy directa" por los Erte, de ahí que abogue por valorar una nueva prórroga de las ayudas a la patronal y la clase trabajadora. Particularmente, alude a los negocios de hostelería y los comercios, "que están funcionando a un 20% o 30% y que están asumiendo de forma directa la bajada de las ventas". En ambos casos considera que "van a necesitar ayuda para afrontar esta realidad, puesto que no tienen opciones de asumir a toda la plantilla".

Además, considera que la pandemia ha marcado un punto de inflexión difícil de revocar y que, según ha podido recoger en diferentes círculos empresariales, es obvio que el coronavirus «nos ha dado una patada hacia un nuevo mercado al que debemos adaptarnos», en el que destacan el peso que ha ido ganando el comercio electrónico, las nuevas tecnologías y el teletrabajo.

El secretario de organización de CC OO en Pontevedra, José Luis García Pedrosa, indica que su sindicato también ha recibido reclamaciones de trabajadores despedidos tras verse afectados por un Erte, correspondientes al ámbito del comercio y la construcción.

La mitad de los trabajadores de la provincia bloqueados por un Erte tienen más de 50 años y una cuarta parte agotó la prestación

No obstante, alerta de que "se están registrando muchos abusos" en otros ámbitos, sobre todo de "trabajadores afectados por un Erte de reducción de jornada que a través del teletrabajo hace jornada completa o incluso más horas, cobrando igualmente la prestación del Sepe". Por eso, considera "adecuada" la campaña promovida por Inspección de trabajo "para controlar este tipo de situaciones".

PERFIL. Las últimas estadísticas del Sepe (Servicio Público de Empleo Estatal) reflejan que de los cerca de 18.000 pontevedreses que siguen afectados por un Erte, el 23,8% han agotado la prestación contributiva y algo más de la mitad (el 51%) tiene más de 52 años. No obstante, el mismo servicio informa de que se han adoptado medidas para la protección de la clase trabajadora, siendo las más recientes las publicadas en el Real Decreto ley 24/2020, del 26 de junio. En este se recogen los puntos fuertes del II Acuerdo Social en Defensa del Empleo, firmado entre el Gobierno y los agentes sociales tras una dura negociación. Y entre otras muchas medidas, establece que «las personas trabajadoras incluidas en expedientes de regulación de empleo que no sean beneficiarias de prestaciones» se seguirán considerando en alta laboral, con una cotización equivalente al promedio de los seis meses anteriores al inicio del Erte.

Otras iniciativas van dirigidas a los autónomos, también motores de la economía local, que en el caso de ser beneficiarios de la la prestación extraordinaria no tendrán que pagar las cotizaciones sociales del mes de julio y tendrán una exoneración del 50% en agosto y del 25% en septiembre.

Además, aquellos cuya actividad aún siga muy afectada por los efectos de la pandemia podrán acceder a la prestación por cese de actividad ordinario si su facturación en el tercer trimestre es un 75% más baja que la del año pasado, pudiendo incluso compaginar las ayudas con la actividad.

Turno de los Erte de transición y el reajuste de las rebajas fiscales
El Gobierno central acordó aprobar una segunda prórroga de los Erte ligados a la Covid- 19 hasta el 30 de septiembre. En base a este acuerdo, los expedientes por fuerza mayor total (de empresas que no pueden retomar la actividad) pasaron a ser Erte de transición a partir del 1 de julio, lo que lleva parejo una reducción en las rebajas fiscales.

Los empresarios que se beneficiaban de una exención de las cotizaciones de entre el 100 y el 75% pasan a acogerse a una rebaja del 70% en julio, 60% en agosto y 35% en septiembre. Unas ratios que descienden al 50%, 40% y 25% en las firmas con más de 50 empleados.

El 20% de los pontevedreses afectados por un Erte sigue sin...
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