Cerca de 2.500 pontevedreses están a la espera de recibir ayudas a la dependencia ya reconocidas

Solo en el municipio hay 347 personas dependientes que están aguardando a que la Administración les conceda un servicio o prestación económica autorizada ►Las residencias y el plan de Axuda no Fogar, las prestaciones con más demanda y lista de espera
Una persona mayor en una silla de ruedas motorizada. JAVIER CERVERA-MERCADILLO
photo_camera Una persona mayor en una silla de ruedas motorizada. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

Cerca de 2.500 pontevedreses están en lista de espera para recibir las ayudas a la dependencia que ya les ha reconocido la Administración. De estas, 347 residen en el concello capitalino, donde en la actualidad hay 1.000 vecinos dependientes que sí están percibiendo las subvenciones o servicios reconocidos con cargo a la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, más conocida como la "ley de dependencia".

La norma establece un tope de seis meses para resolver las solicitudes y la Xunta asegura que la media se queda en poco más de cuatro. Sin embargo, las fuentes consultadas afirman que es habitual que pasen "más meses" desde que uno llama a la puerta de la Administración hasta que accede al servicio o la prestación económica que requiere. Y que incluso se dan casos en los que el solicitante "fallece" durante el tiempo de espera, "aún tiendo la dependencia valorada y reconocida".

El principal escollo surge a la hora de acceder a los recursos, sobre todo cuando se trata de acceder a "recursos públicos"

PROCESO. El procedimiento administrativo es largo e incluye dos fases que corren a cargo del equipo de valoración de dependencia de la Consellería de Política Social, situado en el edificio administrativo de la Avenida de Vigo. El equipo interdisciplinar (integrado por un médico, un psicólogo, un trabajador social y un terapeuta) evalúa al demandante y elabora una propuesta-dictamen sobre el grado y nivel de dependencia y la jefatura territorial resuelve. La segunda fase llega justo después y se basa en la resolución de un Plan Individual de Atención (PIA), que determina los servicios y prestaciones económicas a los que el usuario tiene derecho.

Cada una de las fases cuenta con un plazo de resolución de tres meses y, según las fuentes consultadas, en la actualidad son períodos que, a grandes rasgos, se cumplen. El principal escollo surge a la hora de acceder a los recursos, sobre todo cuando se trata de acceder a "recursos públicos", como "una residencia" o un "servicio de ayuda a domicilio". Ahí es cuando la espera se dilata. "El problema no es la valoración de la dependencia. Es cierto que hace un tiempo se produjeron atrasos, pero ahora mismo hay personal y los expedientes se están resolviendo. El problema es el acceso a los recursos, porque la inversión no es suficiente", indican las fuentes consultadas.

Pontevedra cuenta en la actualidad con 333 plazas en residencias: 136 de carácter público en Campolongo y otras 197 de empresas privadas

SERVICIOS. Las personas dependientes tienen acceso a un catálogo de prestaciones, en el que los servicios siempre son "prioritarios" frente a las ayudas económicas. Este incluye servicios de atención diurna y nocturna, y el tradicional servicio de "atención integral" en un centro residencial, ya sea de forma permanente o de forma temporal, en el caso de "vacaciones, fines de semana, enfermedades o períodos de respiro familiar de los cuidadores no profesionales", informa Política Social.

Pontevedra cuenta en la actualidad con 333 plazas en residencias: 136 de carácter público en Campolongo y otras 197 de empresas privadas. Sin embargo, la oferta se sigue quedando por debajo de la demanda que, además, está previsto que ascienda de la mano del envejecimiento poblacional.

Ese mismo catálogo de prestaciones también ofrece la posibilidad de recibir ayuda en el hogar para realizar "actividades básicas" de la vida diaria, lo que permite al solicitante permanecer en su domicilio. Se le conoce como el Servizo de Axuda no Fogar (SAF) y en el caso del municipio pontevedrés se trata del servicio más demandado por las personas dependientes. En este caso se trata de una prestación gestionada por el Concello y según el último balance, de 2017, presta atención a una media de 140 mayores al año a través de una empresa externa.

También hay la opción de recurrir a dispositivos de teleasistencia y geolocalización, que ya usan 15.000 gallegos y que facilitan la atención ante "situaciones de emergencia, inseguridad, soledad o aislamiento".

La Orden de 26 de marzo de 2019 incrementó dichas ayudas en un 10% pero, aun así, continúan siendo testimoniales

AYUDAS ECONÓMICAS. En otro apartado se encuentran tres tipos de prestaciones económicas, que en el campo de la dependencia se conocen como "libranzas".

Una de ellas está dirigida a la contratación de un "asistente personal profesional" y cuenta con un tope de 1.700 euros al mes para las dependencias más severas. Otra está orientada a la "adquisición de un servicio privado" cuando no existan recursos públicos y cuenta con un techo de gasto de 815 euros mensuales.

La tercera está programada para "cuidados en el entorno familiar" y se considera "excepcional", pese ya a que va dirigida a los dependientes que son atendidos en su domicilio por un cuidador no profesional de su entorno, un perfil bastante presente en Galicia. La Orden de 26 de marzo de 2019 incrementó dichas ayudas en un 10% pero, aun así, continúan siendo testimoniales. Según las fuentes consultadas, la mayor parte de estas prestaciones oscilan "entre los 30 y los 90 euros al mes", y están limitadas por un máximo es de 426 euros mensuales para el supuesto de una dependencia de grado III, la más severa.

A TENER EN CUENTA. GUÍA RÁPIDA PARA DEMANDANTES

La graduación de la dependencia tiene tres niveles en función de la autonomía de los solicitantes, desde el grado "moderado" a la "gran dependencia"

Primera pregunta: ¿Qué se considera como dependencia?

La normativa vigente establece que deben darse tres circunstancias para que una persona se encuentre en situación de dependencia: la existencia de una limitación (física, intelectual o sensorial) que merma determinadas capacidades de la persona, la incapacidad para realizar actividades de la vida diaria (relacionadas con el cuidado personal y las tareas domésticas) y la necesidad de asistencia por parte de una tercera persona. Además, se evalúa la capacidad para desarrollar funciones básicas mentales o intelectuales.

Grados de dependencia

Hay tres grados de dependencia: El grado I se considera "dependencia moderada" y se dictamina cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, por lo menos, "una vez al día" o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía funcional.

El grado dos se considera "severo" y se aplica cuando la persona necesita ayuda para realizar actividades cotidianas "dos o tres veces al día", pero sin necesitar el apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo extenso para la autonomía funcional. El grado tres es el más elevado y se corresponde con la "gran dependencia". Este se dicta cuando la persona precisa ayuda "varias veces al día" o cuando sufre la "pérdida total" de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, y precisa del cuidado indispensable y continuo de otra persona.

Cualquiera de los grados "puede revisarse" en función de la mejoría o empeoramiento de la situación de dependencia.

Personas beneficiarias

Las ayudas pueden ser solicitadas por "todos los ciudadanos del Estado español que se encuentren en situación de dependencia y que lleven residiendo en el territorio estatal cuando menos cinco años, dos de ellos inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud", rezan las bases. Además, son beneficiarios los menores de tres años que presenten graves discapacidades, los emigrantes retornados y los extranjeros que cumplan los requisitos de la Ley orgánica 4/2000, del 11 de enero.

LAS FARMACIAS LANZAN UN PLAN PARA REFORZAR LOS TRATAMIENTOS

El Colegio de Farmacéuticos de Pontevedra ha impulsado el plan Dispensa, un programa con el que prevé mejorar la información que ofrecen los farmacéuticos a los pacientes cuando usan un medicamento "por primera vez" o cuando recurren a la última receta disponible de un medicamento. El objetivo es conseguir una mejor adherencia terapéutica (seguimiento) del tratamiento, así como una mayor efectividad y seguridad de los fármacos.

El procedimiento establece que, cuando un paciente inicie un nuevo medicamento, el farmacéutico realizará una serie de preguntas para evaluar si el fármaco recetado es el "adecuado". En el caso de que se visualice la marca de última receta disponible, avisará al paciente indicándole que acuda a su médico para que, si es el caso, le genere más recetas electrónicas.

"Nuestra intención es que todas las farmacias dispensen de manera homogénea y protocolizada los medicamentos cuando se inician un tratamiento o cuando hay un cambio de dosis", informa la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Pontevedra, Alba Soutelo.