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Más de 260 pontevedreses fallecieron en 2018 sin ver resuelta su valoración de discapacidad

Una persona en silla de ruedas frente a unas escaleras que le impiden avanzar. DAVID FREIRE
Una persona en silla de ruedas frente a unas escaleras que le impiden avanzar. DAVID FREIRE

En el área norte de la provincia hay 4.560 vecinos en lista de espera para ser evaluados por los equipos de Política Social ▶Los trabajadores urgen la incorporación de dos equipos de forma permanente ▶La media de resolución de los expedientes ronda actualmente los dos años

La evaluación del grado de discapacidad de una persona en Pontevedra exige grandes dosis de paciencia y resignación, mucha resignación.

La ley establece un tope de tres meses para resolver los expedientes, pero en la práctica los equipos de valoración de la Consellería de Política Social están desbordados y superan ampliamente este plazo, que ahora mismo ronda los dos años. La demanda es tan elevada y la plantilla tan limitada, que el año pasado fallecieron "alrededor de 263 personas esperando el reconocimiento" de su grado de discapacidad y, a día de hoy, el colapso continúa. Según informan los trabajadores, unos 4.560 pontevedreses están en lista de espera, aguardando a que los profesionales evalúen sus capacidades físicas, psíquicas y sensoriales. Los únicos expedientes que se tramitan con algo de celeridad son los calificados como urgentes, entre los que se incluyen usuarios de más de 90 años, menores de 18, pacientes con enfermedades graves (en estado avanzado o terminal) y personas que necesitan acreditar su grado de discapacidad para optar a un empleo o unas oposiciones. Solo en este caso, las valoraciones pueden estar finalizadas en el plazo de un mes.

PERSONAL "INSUFICIENTE". En Pontevedra, en la antigua delegación de Sanidade, operan dos equipos y medio. Los dos primeros están completos y cuentan con un médico, un trabajador social y un psicólogo. Sin embargo, el tercero carece de un profesional de psicología, por lo que debe ceñirse a la evaluación de las discapacidades físicas.

Unos y otros profesionales han decidido movilizarse el próximo viernes, hartos de que los expedientes se vayan acumulando en sus despachos a un ritmo de unos 400 casos por mes. La delegación da cobertura al área norte de la provincia y, a todas luces, "la plantilla resulta insuficiente", denuncia una trabajadora.

En 2015 la Consellería incorporó de forma provisional a tres equipos de refuerzo mediante contratos de acúmulo de tareas, que tienen una duración de seis meses y pueden prorrogarse hasta un máximo de nueve. En junio de 2018, cuando la media de resolución de los expedientes ya estaba en los tres años, volvió a enviar a personal de refuerzo hasta febrero, con el que se logró reducir el promedio hasta los dos años.

Sin embargo, para los técnicos ésta no deja de ser un parche, "porque la lista de espera aún sigue siendo". Según advierten, la solución definitiva pasa por la contratación de dos equipos de forma permanente, "con los que sí creemos que se podría estabilizar la situación". "Nosotros tenemos un baremo determinado de valoración, que requiere rodaje. Y con este tipo de contrataciones lo que ocurre es que los trabajadores se van justo cuando empiezan a tener agilidad para valorar. Con estas contrataciones se consigue sacar trabajo adelante, pero en poco tiempo volveremos a estar igual", añade la misma fuente.

La valoración oficial del grado de discapacidad tiene múltiples aplicaciones y da acceso a determinados derechos y beneficios reservados a personas con discapacidad. Por ejemplo, reducciones en el IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas), exenciones en determinados impuestos, becas, subvenciones para la movilidad o plazas de empleo público.

La protesta tendrá lugar a las 12.00 en la antigua delegación de Sanidad y, según prevén los convocantes, contará con el respaldo de asociaciones de personas con discapacidad y representantes de algunas formaciones políticas, como el PSOE, el BNG y Marea, "que son las que llevaron nuestra problemática al Parlamento gallego".

La Xunta añadirá cuatro equipos "tan pronto como sea posible"

Responsables de la Consellería Política Social informaron el miércoles a este periódico de que el departamento autonómico "está trabajando" para incorporar a la delegación de Pontevedra "cuatro nuevos equipos de valoración de refuerzo tan pronto como sea posible". Las contrataciones darán continuidad al refuerzo hecho durante el último año a nivel Galicia y que "permitió reducir un 30% la lista de espera". Eso sí, serán un apoyo puntual, durante nueve meses. Casos urgentes En los casos de más urgencia (cuando hay un diagnóstico de enfermedad que afecta al pronóstico vital y cuando es necesario entrar en un plazo para obtener ayudas o subvenciones), los mismos responsables inciden en que "los expedientes se resuelven en menos de 90 días". Reclamaciones Las personas que puedan perder beneficios fiscales o ayudas por el retraso en la valoración de su grado de discapacidad pueden reclamar con carácter retroactivo.

En la ciudad hay 7.875 personas con una discapacidad reconocida

Según informaron este miércoles portavoces de la Consellería de Política Social, en la ciudad de Pontevedra hay actualmente 7.875 personas con una discapacidad reconocida, lo que equivale al 9,5% de la población (cuantificada en 82.202 habitantes, según los datos del INE de 2018). A nivel de la provincia la cifra asciende a 86.115 personas (equivalente al 9,1% de los 941.772 habitantes registrados por el INE). Por tipo de discapacidad, las físicas son las más comunes (representan algo más de la mitad), seguidas de las mentales, las intelectuales, las sensoriales y las motivadas por enfermedades raras.

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