La Abogacía cambió de criterio a raíz de las dudas de Sánchez

El Gobierno pidió un informe a los juristas del Estado para unificar criterio sobre las prórrogas de las concesiones en vigor ► Los letrados fijaron un tope de 75 años antes de allanarse en el caso Ence.

Pedro Sánchez. MARISCAL
photo_camera Pedro Sánchez. MARISCAL

El Ministerio de Transición Ecológica intentó este viernes de nuevo despejar las interrogantes que acusan al Gobierno de Sánchez de estar detrás del cambio de criterio de la Abogacía del Estado.

En 2015 el departamento en cuestión elaboró un informe en el que consideraba que la petición de la prórroga solicitada por Ence se ajustaba a derecho. En cambio, en marzo de 2019, a raíz de los litigios emprendidos por el Concello, la APDR y Greenpeace contra la ampliación aprobada por el Gobierno Rajoy, la misma Abogacía emitió otro informe en el que comunicaba su allanamiento en el caso Ence o, lo que es lo mismo, que se retiraba de la batalla legal y desistía de defender la prórroga de la pastera al estimar que era ilegal.

La gran pregunta es ¿por qué se produjo este cambio de sentido? Las fuentes del Ministerio consultadas por este periódico precisaron este viernes que cuando el PSOE llegó al Gobierno en junio de 2018 "encargó un informe a la Abogacía del Estado para unificar criterio" a la hora de alargar la vida útil de las concesiones. El 29 de julio expiraba el plazo de 30 años que había concedido la Ley de Costas para la ocupación de terrenos de dominio publico marítimo-terrestre y el Ejecutivo de Sánchez auguraba un aluvión de peticiones de prórrogas que, efectivamente, acabaron aterrizando en Moncloa.

El Gobierno instó a los juristas del Estado a aclarar las dudas y resolver las contradicciones que arrojaba la normativa en vigor. Sobre todo las disonancias que existían entre la Ley de 2013 de Protección y Uso Sostenible del Litoral (que modificaba la Ley de Costas de 1988), el Reglamento General de Costas de 2014 y las sentencias emitidas en este campo. La primera establecía e que la duración de la prórroga "en ningún caso excederá de 75 años" y, precisamente, fue la que sirvió de base a la Abogacía del Estado para que en 2015 concluyera que la prórroga solicitada por Ence era válida. Sin embargo, ni en ésta ni en las normas posteriores se llegaba a aclarar el límite temporal al que podía llegar una concesión.

NUEVOS HORIZONTES. El informe resultante que entregó la Abogacía del Estado al Gobierno de Sánchez concluyó que el "umbral" de las concesiones quedaba establecido en los 75 años, incluyendo las posibles prórrogas, y que la ampliación de los permisos no era algo "obligatorio", sino que depende de un "análisis" particular de cada caso.

El informe en cuestión se hizo público a finales de 2018 "y jamás se elabora pensando en Ence, sino que se realiza a nivel general", indican fuentes del Ministerio. En marzo de 2019, cuando le toca pronunciarse a la Abogacía en los litigios contra la prórroga de Ence emite un segundo documento, en el que reitera la última versión aportada por los juristas. En esta ocasión el departamento cree que la prórroga que disfruta la pastera no se ajusta a derecho. Fundamentalmente, porque el la ampliación autorizada en 2016 por el Gobierno de Rajoy implica superar ese tope de 75 años, ya que Celulosas inició la actividad en 1958 y el plazo extra de 60 años aprobado por la Orden Ministerial "popular" implica mantener la fábrica activa 115 años, hasta 2073. Además, la Abogacía del Estado incide en que en la prórroga no queda «justificado» que Ence "no pueda tener otro emplazamiento".

Los trabajadores de Celulosas acusaron al jefe de gabinete del secretario de Medio Ambiente de mentir al afirmar que el Ejecutivo de Rajoy no había solicitado informe a la Abogacía del Estado. En cambio, responsables del Ministerio reiteran que "lo que se les dijo es que no cabía tener otra decisión con el informe que había encima de la mesa. Si Rajoy hubiera tenido ese informe, hubiera tenido que actuar como este Gobierno", subrayan.

Precisamente, las observaciones hechas por la Abogacía han derivado en una reforma del Reglamento General de Costas que actualmente está en exposición pública. En el articulado provisional se ancla el "umbral" de 75 años y se pone el acento en las sentencias que "declaran contrarias a la legislación de Costas" las prórrogas de "instalaciones que admitan otra ubicación".

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