"Hemos aceptado este acuerdo para evitar una nueva victimización de la menor". Así justificó el fiscal jefe de la Audiencia, Juan Carlos Aladro, los términos definitivos del acuerdo alcanzado este martes en la sala segunda, en virtud del cual un acusado de abusos sexuales cometidos contra una niña de 15 años eludirá la cárcel (se le impusieron dos años), previa confesión de los hechos y después de haber abonado los 13.000 euros que, en concepto de responsabilidad civil, le reclamaba el Ministerio Público.
El Pazo de Xustiza de Pontevedra escenificó el martes una sesión en la que las conversaciones entre las partes fueron tensas, y que no concluyeron hasta que el dinero estuvo en la cuenta de la víctima. De ello se aseguró el propio fiscal jefe. "Primero que paguen y después hablamos", indicó, consciente de que la pena de cárcel no iba a ser la ajustada a tenor del delito, pero sabiendo que el pacto sería lo mejor para la víctima.
Los hechos que desembocaron en el juicio se produjeron en el partido judicial de Cangas do Morrazo en octubre de 2016, cuando el acusado, que tenía cierta confianza con la víctima (que era hija de una mujer con la que mantenía una relación, según pudo saber este periódico), abusó de ella sin pudor.
El encausado reconoció que durante el fin de semana del 7 al 9 de octubre "con la intención de satisfacer sus instintos sexuales más reprobables", le realizó tocamientos a la menor aprovechando que se había quedado dormida, "por debajo de la ropa", según asegura el dictamen.
"Dicha acción fue repetida a primeras horas de la mañana y en la hora de la siesta". La menor logró zafarse en ambas ocasiones, lo que no impidió que sufra un trastorno de estrés postraumático como secuela de los hechos que padeció.
La sentencia, además de la pena de prisión que no cumplirá en la cárcel, incluye una orden de cinco años de alejamiento y cinco años más de libertad vigilada.
