La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra acoge en la mañana de este martes el juicio por la supuesta estafa de unos 72.000 kilos de pollo cometida por un intermediario del sur de la provincia.
El acusado negó los hechos e indicó que tenía un "acuerdo verbal, al 50 por ciento" con el denunciante, que le reclama el dinero por el género que supuestamente le entregó y con el que se habría lucrado el investigado.
Los alimentos objeto de controversia tendrían como destino hospitales y prisiones de Cataluña y procedían en buena parte de Portugal.
Piden cinco años de cárcel para el presunto estafador
El empresario, que está acusado de un delito de estafa y otro de apropiación indebida, se habría ganado la confianza de una firma del sector para realizar importantes adquisiciones de pollo bajo el pretexto de que las almacenaría hasta encontrar comprador que se llevaría una comisión. Sin embargo, lo que hizo, en buena parte, fue ponerlas en el mercado por su cuenta, haciéndolas suyas y obteniendo un beneficio ilícito a costa del denunciante, que recuperó solo una parte de la mercancía cuando descubrió el engaño.
Los hechos, según relata el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación provisional, se produjeron entre los meses de junio y noviembre de 2020, que fue cuando la víctima acabó por perder la confianza en su presunto socio y le reclamó la devolución del género que debía estar depositado en sus instalaciones.
En ese tiempo, y tras alcanzar un pacto con el ahora acusado, el denunciante adquirió varias partidas de ave, a saber, 23,8 toneladas de pechugas de pollo, 19,8 de traseros y 18.000 kilos de alitas, en un primer momento, y otros 10.200 kilos de traseros de pollo unas semanas después, y que no sería la última adquisición. El investigado, señala el fiscal, realizó ventas de parte de este género como si fuesen suyas, a espaldas de la persona que las había adquirido, y cuando se le reclamó la devolución, lo hizo solo en parte.
Por ello, se enfrenta a una pena de cinco años de cárcel en virtud de los delitos relatados, además de unos 4.000 euros de multa e indemnizaciones que, sumadas, superan los 110.000 euros.
