La defensa de los acusados por un alijo 1.700 kilos de cocaína intervenidos a bordo del remolcador Titán III en agosto de 2018, entre las islas de Azores y Funchal, han pedido este miércoles la nulidad de gran parte de la investigación policial por supuestas irregularidades en el proceso.
Ante el tribunal de la Audiencia de Pontevedra, los abogados defensores han impugnado la información de diversas escuchas telefónicas, registros realizados en varios domicilios o incluso la declaración de los acusados en sede judicial, alegando que se hicieron irregularmente. Han asegurado además, entre otras cuestiones, que la localización y seguimiento del Titán III se hizo sin amparo judicial, o que España no tenía autoridad para abordar el barco —de bandera panameña— en aguas internacionales.
Los letrados, que han coincidido en gran parte de sus exposiciones previas, han alegado también indefensión de los acusados, al denunciar que no tuvieron acceso a todos los autos y actuaciones que se realizaron en el marco de este procedimiento judicial.
A partir de ahí, han asegurado que todas estas cuestiones han provocado la obtención de "pruebas ilícitas" y que sin ellas hay un "vacío probatorio" contra los acusados. Consideran por todo ello que el juicio debe suspenderse.
El ministerio público, contra la petición de las defensas
El fiscal antidroga de Pontevedra, Pablo Varela, ha rechazado la pretensión de las defensas al entender que se trata de protestas "intempestivas" y asegurar que ninguno de los abogados ha podido concretar a qué parte de la causa no han podido acceder.
Sus impugnaciones, según Varela, "no son admisibles" al contener cuestiones "genéricas" o basarse en actuaciones que sí contaban con autorización judicial, porque la investigación "no está basada en suposiciones" sino en la existencia de "indicios confirmados" de criminalidad.
Respecto a la falta de autoridad de la Justicia española, el fiscal ha subrayado que todas las medidas aprobadas sobre el buque se adoptaron en aguas españolas y ha apuntado al "abanderamiento ficticio" del barco en Panamá. La relación del Titán III con Panamá, ha añadido el representante público, "no está acreditada", ya que solo se asoció a ese país "para desconectarse de cualquier actuación de las autoridades españolas" y este no ha reclamado su autoridad sobre el barco.
De los 21 acusados involucrados en esta causa, uno ha fallecido y otros dos no se han sentado en el banquillo de la Audiencia de Pontevedra tras recibir permiso del tribunal para ausentarse durante la exposición de cuestiones previas al juicio.
Penas solicitadas
La Fiscalía solicita para todos ellos penas de entre nueve y trece años y medio de prisión como autores de un delito contra la salud pública y multas de entre 200 y 340 millones de euros para cada uno de los acusados.
60 millones
La droga, que según los investigadores habría alcanzado un precio de mercado cercano a los 60 millones de euros, iba a ser repartida entre tres organizaciones de narcos gallegos, que formaron una alianza para introducir el cargamento en España por vía marítima.
En esta operación fueron detenidas e investigadas inicialmente una treintena de personas, si bien se archivaron las diligencias contra nueve de los acusados, entre ellos el histórico narcotraficante Manuel Charlín y uno de sus hijos.
Organización
De los 21 acusados que han llegado a juicio, según la Fiscalía, seis estaban encargados de coordinar los contactos, diez eran los responsables del cargamento y de su entrada en España y cinco eran los que tenían como trabajo controlar el transporte transoceánico de la droga.
