El juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra ha admitido a trámite la demanda de juicio ordinario presentada por la Fiscalía contra la concesionaria de la AP-9, Audasa, en ejercicio de la acción colectiva en defensa de los consumidores y usuarios por lo que considera prácticas "abusivas" de la empresa en las obras de Rande.
El ministerio fiscal señala que cobró los peajes íntegros durante los "al menos tres años, entre febrero de 2015 y junio de 2018" que duraron los trabajos de ampliación de la autopista en el entorno del puente de Rande.
El juzgado de lo Mercantil también acuerda en el auto realizar un llamamiento a personarse en el proceso a quienes tengan la condición de perjudicado por haber sido usuario del servicio que dio origen a la demanda con el objetivo de que hagan valer su derecho o interés individual.
Así, decreta la publicación de la admisión de la demanda en dos diarios. El llamamiento suspenderá el curso del proceso por un plazo de dos meses. El inicio del cómputo de este plazo comenzará a contar el día siguiente a la publicación del llamamiento en los diarios.
Durante las obras, la entidad mantuvo invariables las tarifas a pesar de las restricciones permanentes de tráfico.
La demanda insiste en que, durante el periodo indicado, “el tráfico se vio permanentemente afectado en el tramo del puente de Rande, dado que la reducción del número de carriles en uso y la reducción de los límites de velocidad, además de las sucesivas tareas de ejecución de las obras, implicaron, en todo momento y aunque puntualmente no hubiera acumulación de vehículos, que la fluidez de la circulación disminuyera, siendo preciso emplear más tiempo del habitual para recorrer la misma distancia de autopista”.
