Los afectados de Nexia vuelven a la carga. Y lo hacen con los últimos movimientos por parte de la empresa. Denuncian que la firma sigue siendo desmantelada. "Se han llevado máquinas del Puerto de Marín y de la planta de aglomerado de Marcón", aseguró este martes una portavoz a este periódico.
Las mismas fuentes revelan que la sociedad, que había presentado un preconcurso de acreedores por su mala situación económica, ya ha sido intervenida judicialmente. La firma, con sede en el lugar de A Ermida, adeuda importantes cantidades de dinero a bancos, subcontratas y otros proveedores. Los afectados sitúan esta cifra en más de cinco millones de euros.
El colectivo cuestiona también los movimientos que se han producido en la estructura de Nexia, que ha cambiado de manos. El Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) del pasado 13 de mayo confirmaba que la empresa pasaba a ser una sociedad unipersonal con un único socio: Francisco Gomes Ribeiro. "El nuevo propietario es portugués, pero también figuran apoderados", aseguran los afectados. En el Borme de este martes se publica el nombre de uno de los apoderados: Carlos Manuel Cerqueira Alves.
La plataforma que reclama el pago de las deudas de la firma pontevedresa ha elevado sus quejas a distintas entidades y administraciones como ayuntamientos, la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el Valedor do Pobo y el Defensor del Pueblo. Esta última institución ha respondido ya a los afectados interesándose por su caso y trasladando su petición al Ministerio de Hacienda.
El colectivo reclama que se modifique la Ley de Contratos para aumentar la protección a las subcontratas. El objetivo es que si una empresa entra en quiebra pueda producirse un perjuicio e impagos a terceros. "Lo que queremos es que esto no vuelva a ocurrir", señalan.
La crisis de Nexia ha dejado obras públicas sin rematar en municipios como Poio o Pontevedra.
