"Por fin". El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, expresó de esta manera el nuevo paso que la Xunta dará para eliminar el desguace ilegal situado en el lugar de Vilafranca, en la parroquia de Marcón. "É un tema que vén dende 2006, cando se fixeron obras ilegais", recordó este miércoles el regidor del BNG, que insta al Gobierno gallego a "recuperar esa zona ao seu estado orixinal" y a resolver cualquier "problema de contaminación" que pudiera derivarse de la actividad que se desarrollaba en esta nave, en la que se acumulaban vehículos siniestrados.
Las declaraciones del nacionalista se produjeron el mismo día en el que el Concello se reunía en Santiago con la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (Aplu), un organismo dependiente de la Consellería de Medio Ambiente. Al encuentro acudieron el edil del Rural, Alberto Oubiña; el director xeral de Urbanismo de Pontevedra, Xosé Manuel Tato, y representantes de los vecinos y del colegio de Marcón, que llevan años solicitando que se desmantele el citado desguace.
La Aplu se comprometió con los afectados a informar semanalmente sobre el proceso iniciado para demoler las instalaciones, que fueron precintadas por orden autonómica el pasado 14 de octubre. Una sentencia firme allana el camino a la Xunta para ejecutar la orden de derribo de la nave, que se dictó en el año 2006 después de que los servicios urbanísticos del Concello constatasen que el recinto se había levantado en un lugar prohibido, en terreno rústico no urbanizable.
Los insistentes recursos de la propiedad, la firma Desguaces Outón e Hijos S.L., demoró la intervención. Medio Ambiente asumirá ahora los trabajos para desmontar esta edificación. Las obras tendrán que ser licitadas y se confía en que a lo largo de este año se den pasos firmes para iniciar estos trabajos. La factura de los mismos se le pasará a la compañía, a la que también se han impuesto multas por valor de 27.000 euros.
