Si el Gobierno no decide prorrogarla, el próximo 31 de diciembre se acabará la tarifa regulada del gas para comunidades de vecinos que se han venido beneficiando de esta medida. La había activado el Ejecutivo de España en octubre de 2022, ante la escalada de precios de la energía que se produjo tras estallar la guerra de Ucrania.
Sin embargo, si nada cambia, a partir del 1 de enero de 2024 esas comunidades con calefacción central de gas acogidas a la llamada TUR (Tarifa de Último Recurso) deberán dejar esa tarifa regulada y contratar el suministro con una comercializadora del mercado libre. Y eso, tal y como indicó la Confederación Nacional de Instaladores (CNI), puede llegar a duplicar lo que pagan por el gas.
Por poner algunos ejemplos, según estima la compañía de comparadores de precios Selectra, comunidades con un consumo anual de 150.000 kilovatios-hora (kWh) adscritas a la TUR pasarán de pagar unos 6.600 euros de media anual a pagar 13.500, mientras que un edificio con un consumo de 400.000 kWh pasará de abonar una media de 19.100 euros al año a pagar 36.600.
Las suministradoras ya han empezado a avisar a sus clientes de que, desde el 1 de enero, las comunidades de vecinos no podrán estar acogidas a la tarifa regulada del gas, pues el propio Gobierno ha pedido a las empresas energéticas que comuniquen dicho cambio.
En Pontevedra, Naturgy es una de las firmas que ya están informando por carta a sus usuarios sobre el fin de esta tarifa.
4.000 EN LA PROVINCIA. Según la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), la desaparición de la TUR vecinal puede afectar a 200.000 hogares en España. De esos, unos 4.000 están en la provincia pontevedresa.
Pero la cuestión no se queda en que ahora deberán pagar probablemente el doble o incluso más por el gas natural. Uno de los requisitos para poder optar a la TUR bonificada era que, en esos edificios con caldera central de gas, cada vivienda tenía que instalar un contador individual, a menos que justificasen inviabilidad técnica para colocarlos. El plazo inicial para tener esos contadores acababa en septiembre de este año y eso disparó las solicitudes de instalación desde finales del año pasado y comienzos de este. No obstante, en la práctica no son muchas las comunidades que los tienen ya puestos y, de hecho, viendo la realidad, el Gobierno acabó prorrogando el plazo hasta el 30 de septiembre de 2024 para aquellas que comuniquen dificultades técnicas o administrativas.
Según indicaron varias empresas instaladoras, en Galicia hay aproximadamente 89.900 viviendas susceptibles de instalar contadores individuales de consumo de gas natural, pero apenas un 15% de ellas cuentan ya con esos medidores. El otro 85% (es decir, unas 76.700 viviendas) no lo han hecho aún, bien porque no están dispuestas o bien porque no encuentran instaladores disponibles a causa de la escasez de profesinales cualificados y del subidón de su volumen de trabajo causado, precisamente, por la situación descrita.
Por provincias, en Pontevedra tendrían instalados ya los contadores individuales un 20% de las viviendas susceptibles de tenerlos, pero falta el 80% restante.
Y el problema es que las comunidades que se han beneficiado de la TUR este año, tienen que colocar esos medidores individuales antes del 30 de septiembre de 2024 aunque a partir del próximo 1 de enero dejen de tener tarifa regulada del gas, porque de lo contrario el Gobierno las penalizará económicamente.
Tal y como señala Ana Carrión, gerente del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia (Coafga), "ya no es solo que desaparezca la tarifa regulada, es que para colmo les pueden imponer una penalización de hasta el 25% de todo el consumo que han generado desde que se acogieron a la tarifa" si no instalan los medidores individuales.
Desde el Colegio gallego, que aglutina a más de 500 colegiados, se pide que esta "TUR vecinal del gas se prorrogue o se haga permanente".
electricidad. Además, indican que "con respecto a la electricidad, también va a haber unos cambios normativos que entran en vigor el 1 de enero. A partir de entonces, no se admitirá que las comunidades de vecinos se puedan acoger a la PVPC o Tarifa Regulada de la Luz. Eso también puede suponer un incremento muy significativo de sus recibos de la electricidad", explica Ana Carrión. "Tanto la electricidad como el gas natural son servicios básicos. Entonces, debería haber unas tarifas reguladas por la Administración, porque las comunidades de propietarios, al fin y al cabo, no son más que una suma de consumidores finales. No son como una empresa. Así que no tiene sentido que no se les dé acceso a estas tarifas reguladas. Y ese es el quiz del razonamiento que tenemos tanto desde el Colegio Oficial de Administradores de Fincas como desde la OCU. Pedimos que las comunidades de propietarios puedan seguir acogiéndose a la PVPC o tarifa regulada de la luz y que se prorrogue o, mejor aún, que se haga permanente la TUR vecinal".
