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Alertan del alto riesgo de agresiones a los sanitarios en A Parda

Interior del Centro de Saúde da Parda. ADP
Interior del Centro de Saúde da Parda. ADP

La Policía Nacional de Pontevedra ha efectuado un análisis acerca de la seguridad de todos los centros sanitarios del Norte de la provincia. Montecelo lidera el número de agresiones, pero el PAC del Este de la Boa Vila está desprotegido ▶La Comisaría cuenta con un interlocutor sanitario que supervisa la seguridad de los 20 centros de salud de Vilagarcía, Marín y Pontevedra

Las largas esperas que, en muchas ocasiones, sufren los pacientes y sus familiares en los servicios de Urxencias y en los Puntos de Atención Continuada (PAC) se están convirtiendo en un problema para el buen funcionamiento del sistema sanitario en Pontevedra. La Policía Nacional se muestra "muy preocupada" ante el repunte de las agresiones que sufre el personal que trabaja en los citados centros, en especial enfermeros y médicos, que se ven indefensos ante la ira que, en momentos puntuales, demuestran algunos usuarios.

Para hacer frente a este problema, desde el mes de octubre está operativa en Pontevedra la figura del interlocutor sanitario, en la persona del jefe de la Brigada de Inspección e Investigación, responsable territorial de seguridad privada de la provincia. Su cara visible en la ciudad del Lérez es Enrique Espiño, un experimentado policía que ya ha efectuado un minucioso análisis acerca de los riesgos presentes en los 20 centros de salud de su competencia, los ubicados en los términos municipales de Vilagarcía, Marín y Pontevedra.

Entre todos ellos, el interlocutor destaca como centros sanitarios más peligrosos para sus trabajadores los Puntos de Atención Continuada de las tres ciudades. Así, la Policía califica como de riesgo alto los centros de salud de A Parda, Vilagarcía y el recientemente inaugurado de Marín.

"Ninguno de ellos dispone de sistema de seguridad alguno, ni vigilantes; ni siquiera de un circuito de cámaras que permita investigar", señala Espiño.

Sin embargo, la mayor parte de los altercados que figuran en las estadísticas policiales (que comenzaron a recopilarse, como se ha dicho, en octubre) se produjeron en el servicio de Urxencias del Hospital de Montecelo. "En ese caso consideramos que el riesgo es medio, porque en ese lugar existen dos vigilantes de seguridad en todo momento".

En cuanto a la tipología de las agresiones, las más repetidas son las verbales, en forma de insultos y amenazas, que, en ocasiones, desembocan en graves patologías psicológicas que sufren las víctimas (que, como se ha dicho, suelen ser principalmente enfermeros y médicos).

En el período del que se tienen datos fiables, la Policía ha detectado once incidencias. De ellas, diez tuvieron lugar en centros de la ciudad del Lérez, desglosadas en cinco episodios de amenazas e insultos, una agresión, un hurto, una agresión física consumada (con una doctora como víctima) y el forzamiento de diez taquillas de sanitarios. En Marín se produjo un intento de agresión, mientras que en Vilagarcía se produjeron dos episodios que concluyeron con los sanitarios siendo objeto de golpes por parte de usuarios.

De todos ellos, tan solo en tres casos fueron interpuestas denuncias, una circunstancia que valora muy negativamente la Policía.

"Estuve siete meses de baja por pánico a encontrarme con la agresora"

Carmen (nombre ficticio) es celadora y todavía le cuesta recordar la agresión de la que fue víctima sin emocionarse. Corría el año 2015 y estaba en el servicio de Urxencias de Montecelo cuando una paciente empezó a gritar y a insultar urgiendo la asistencia de las enfermeras. Carmen le pidió que bajara la voz y, "sin mediar palabra", la agresora comenzó a darle bofetadas hasta arrinconarla contra la pared. "Me dirigí a ella con voz tranquila, pero ya no me dijo nada. La primera bofetada la dio con todas sus fuerzas y me quedé aturdida. Luego siguió y, cuando la separaron de mí, intentó agredir a otra compañera", recuerda la afectada.

Los efectivos de seguridad le preguntaron si quería presentar denuncia, a lo que Carmen respondió que sí. Así, terminó en Comisaría, donde prestó declaración e inició los trámites de una denuncia que acabaría siendo juzgada por la vía penal. Justo en aquel año se aprobó un cambio en el Código Penal, por el que los trabajadores de la sanidad están considerados como funcionarios protegidos con categoría de autoridad pública.

El fiscal solicitaba año y medio de cárcel, pero a Carmen le daba "pena" que la agresora "pudiera terminar en prisión", así que optó por llegar a un acuerdo entre ambas partes. Como resultado, la culpable fue condenada a seis meses de cárcel y fue obligada a abonar una indemnización y cumplir una orden de alejamiento de la denunciante.

Fruto de la agresión, Carmen terminó con la cara hinchada y dolor en los oídos, pero las secuelas importantes traspasaron la barrera de lo físico. Psicológicamente el golpe fue muy duro, hasta el punto de que la trabajadora empezó a encerrarse en casa ante el temor a toparse con la agresora. "Estuve siete meses de baja por pánico, porque tenía miedo a encontrármela y empecé con una especie de fobia a salir a la calle. Todo el mundo me parecía ella y ni quería acercarme al Hospital. Ahora estoy bien, pero fue horrible. Necesité tratamiento".

Relatar su historia a este periódico le trae recuerdos que le ha costado enterrar, pero incide en que hace el esfuerzo con la esperanza de que su denuncia sirva para concienciar a los pacientes sobre las repercusiones que pueden suponer este tipo de hechos y para instar al resto de profesionales sanitarios a denunciar. "Hay que dejar claro que esto ni es permisible ni sale gratuito", sentencia Carmen.

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