El irlandés John A.G., con vínculos pasados con el terrorismo del IRA, y su paisano Peter B., habrían puesto sus ojos en el Puerto de Marín para establecer un canal abierto de introducción de grandes cantidades de cocaína desde Sudamérica. Ocurrió en 2019, en la época en la que la naviera Maersk había incrementado de forma exponencial sus rutas en la dársena de la ría de Pontevedra y, por lo tanto, habían crecido las oportunidades para los narcotraficantes.
Otros que estaban intentando lo mismo, según consta en distintas pesquisas policiales, eran los hombres de Sito Miñanco, en aquel tiempo. Eso es lo que pensaba la Policía y la Fiscalía, pero solo quedó acreditado en parte. De hecho, John A.G. acabó absuelto por falta de pruebas, si bien diez de los doce acusados, la mayoría británicos y colombianos, recibieron importantes penas de cárcel tras el juicio celebrado en la Audiencia Nacional.
Los británicos, con la idea de trazar una ruta segura para abastecer al mercado ilícito de las islas, se desplazaron a Pontevedra, donde, además, establecieron contacto con los colombianos, proveedores de la sustancia. No sabían que la Brigada Central de Estupefacientes y, en concreto, la Sección Greco Galicia de la Comisaría de Pontevedra, estaba registrando cada uno de sus movimientos en la provincia.
En vista de los constantes intentos de introducción de cocaína a cargo de este grupo, la Policía ideó una operación combinada entre autoridades policiales de Estados Unidos, Colombia (que manejaban información en origen), Gran Bretaña y España, que fue coordinada desde la Comisaría Provincial de Pontevedra.
Para su buen fin entró en juego la figura del agente encubierto y la entrega controlada, uno de los sistemas más eficaces para desmantelar a organizaciones criminales de calibre transnacional como la que se estaba investigando.
Así, se produjo la incautación de 1.044 kilos de cocaína cuando ya estaba en poder de los sospechosos. Al mismo tiempo se produjeron hasta 17 detenciones en Madrid, Barcelona, Málaga, Londres, Windsor y Dorset. La Costa del Sol, una vez más, era punto de referencia para los organizadores de un negocio clandestino que pretendía tener a Galicia como puerta de entrada. Junto a la droga fueron incautadas tres pistolas, varios vehículos y 100.000 euros en efectivo.
Cuando han pasado cuatro años de aquellos hechos, la Audiencia Nacional ha dado carpetazo a lo ocurrido con sentencias ejemplarizantes para todos los investigados salvo para los dos citados británicos, absueltos al entender la sala falta de carga probatoria suficiente contra ellos.
Del resto de procesados, las penas oscilan entre un mínimo de nueve años y medio de prisión para uno de los ciudadanos colombianos hasta un máximo de 14 y medio para un paisano suyo. En total, hay seis sudamericanos condenados, además de un español y tres británicos, tras el fallo judicial.
